Hacienda sostiene que Ortiz y Villarejo colaboraron en el presunto fraude fiscal de Hansa Urbana

Al grito de "¡macho Hércules!" abandonó ayer el empresario Enrique Ortiz los juzgados del Palacio de Justicia de Benalúa cuando se vio abordado por la prensa, ante la que decidió no hacer declaraciones sobre su imputación -junto a su ex socio, el constructor Aurelio González Villarejo- en la causa que investiga un presunto fraude fiscal de Hansa Urbana al fisco. Ortiz, quien está, además, imputado en el caso Brugal por presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de basuras de la Vega Baja e implicado en varias piezas separadas de esta investigación, negó ayer ante el juez haber participado en un fraude fiscal tras la adquisición de un terreno en el PAU 4 que Hansa Urbana tenía en propiedad. Por su parte, el empresario González Villarejo también negó conocer cómo Hansa realizó la declaración del IVA y rechazó haber colaborado con la firma con el fin de que ésta obtuviese una devolución del IVA mayor de la que, según la Agencia Tributaria, le pertenecía.

Un arrendamiento clave

La agencia tributaria sostiene que tanto Ortiz como González Villarejo contribuyeron en el presunto fraude de cerca de 6 millones de euros debido a que ambos figuran como socios beneficiarios del suelo del PAU 4 en régimen de alquiler. Y es que el contrato de arrendamiento es clave en esta investigación y por ello marcó ayer la declaración ante el juez. El magistrado trató de conocer pruebas que evidenciaran que efectivamente existió el alquiler previo, ya que sin éste Hansa no podría beneficiarse de la deducción fiscal que presentó. Hacienda considera que Ortiz y González Villarejo colaboraron en el presunto fraude, ya que figuran como beneficiarios del suelo en base a un régimen de arrendamiento que, según los abogados del fisco, era ficticio.

El juez Gordiano Casas decidió imputar a ambos empresarios en esta instrucción, por la cual han declarado ya ante el magistrado tanto los responsables de Hansa como los de las empresas que participaron en la compraventa y alquiler. Hansa ha mantenido desde el primer momento que la desgravación aplicada era correcta y que lo que hay es una discrepancia de criterios entre el que considera Hacienda que debe establecerse en la desgravación y el que entiende la empresa de Rafael Galea. En esta operación Ortiz era socio del promotor Aurelio González Villarejo, un conocido empresario castellano manchego, al que el fiscal Anticorrupción también implica en la operación Brugal. Ambos compraron los terrenos del PAU 4.