Quesada admite que se reunió dos veces con Ortiz

El responsable del PGOU declaró durante cerca de dos horas y media en un interrogatorio en el que se negó a responder a las acusaciones particulares, ejercidas por el PSOE y EU, así como a cualquier pregunta relacionada con las intervenciones telefónicas en las que se basa el caso, sobre cuya validez se tiene que pronunciar todavía la Audiencia. El técnico dijo que no ha recibido dádiva alguna del empresario y que tampoco facilitó información privilegiada. Del mismo modo también negó presiones por parte del Ayuntamiento para beneficiar a Ortiz.

La gran duda de la comparecencia judicial de ayer estaba en saber si Jesús Quesada iba a declarar o no ante el magistrado Manrique Tejada. La investigación ha sufrido un duro revés después de que el titular del juzgado del que partió el sumario del caso Brugal decidiera hace dos semanas anular parte de las escuchas. La decisión no es firme y todavía tiene que pronunciarse la Audiencia. Mientras que no haya una resolución sobre la validez de las escuchas, el juzgado de Alicante que investiga el Plan General ha decidido seguir adelante con las investigaciones.

El abogado de Quesada, Carlos Ruiz Manero, adelantó poco antes de comenzar la comparecencia que no iba a contestar ninguna pregunta referida a las grabaciones de conversaciones telefónicas, en tanto no se aclarara la legalidad de éstas. También argumentó que no respondería a las dos acusaciones particulares por considerar que encuentran en la causa por razones "políticas". Sí contestó a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, así como a las del resto de las defensas personadas en el sumario.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el técnico trató en la comparecencia judicial de hacer una explicación sobre lo que era el Plan General de Alicante y lo que se había pretendido hacer con él. "En algunas ocasiones, parecía un master acelerado de Urbanismo", ironizaba ayer uno de los letrados.

Las dos reuniones de Jesús Quesada con Ortiz se produjeron en la Gerencia Municipal de Urbanismo y en las oficinas de Cívica. La primera tuvo lugar en la Gerencia el 15 de mayo de 2008 por la tarde y en ella participaron Ortiz, Quesada y Sonia Castedo que en aquella época era la concejal responsable de este área. Se trata de uno de los encuentros que controló la Policía y de éste el sumario recoge imágenes de los seguimientos que hicieron los agentes. La reunión se produjo un mes y medio después de que el Ayuntamiento firmara con Quesada el contrato para la redacción del planeamiento urbanístico de la ciudad. El proyecto del PGOU se presentó en el Ayuntamiento el 1 de julio de ese año.

Quesada aseguró ayer en su declaración judicial que en aquella reunión se trataron asuntos urbanísticos de interés general y que este tipo encuentros son normales dentro de la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana, dado que Ortiz es un actor interesado en el diseño urbanístico de la ciudad como propietario de grandes extensiones del suelo. En este sentido, explicó que al igual que con Ortiz también se mantuvieron reuniones con otras personas.

La segunda de las reuniones tuvo lugar el 26 de junio de 2008 en las oficinas de Cívica, la empresa de Enrique Ortiz para tratar el asunto de la remodelación del Estadio José Rico Pérez. El redactor del PGOU señaló que se limitó a ir a dar su opinión como técnico en el proyecto. El sumario recoge varias conversaciones en las que se refleja que el empresario tiene datos precisos sobre cuál va a ser el aprovechamiento de la futura zona comercial del estadio.

Quesada ayer negó haber facilitado cualquier tipo de información privilegiada a Enrique Ortiz. Ni fichas sobre los aprovechamientos del suelo en determinadas actuaciones, ni tampoco los planos del PGOU. El arquitecto precisó que esas fichas estaban en la comisión de Urbanismo. Del mismo modo, también negó haber recibido cualquier tipo de presión por parte de las autoridades municipales para beneficiar al empresario.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en el interrogatorio se hizo un repaso a algunas de las actuaciones urbanísticas investigadas como el APA9, el Rico Pérez, Lomas del Garbinet, los Saladares de Agua Amarga y Fontcalent, entre otras. Quesada mantuvo que con el Plan General no se quitaron Viviendas de Protección Oficial.

En los interrogatorios se limitó a dar cuanta de cuál había sido la tramitación urbanística de este suelo, descartando la existencia de cualquier tipo de irregularidad. En esta línea, negó que hubiera un proyecto de la Ciudad de la Economía, un supuesto parque empresarial que según el sumario iba a ubicarse en la zona de Agua Amarga, del que dijo que no existía como tal. No hubo ninguna pregunta sobre el Plan Rabasa, que ha quedado excluido expresamente de la investigación.

Por otro lado el Ayuntamiento de Alicante remitió ayer al juzgado la información que le ha requerido sobre los porcentajes de Viviendas de Protección Oficial del PAU3, tras haberlo hecho la semana anterior con los sectores de Pino Ruaya y el APA9. El sumario recoge conversaciones de Ortiz sobre un pacto con el Ayuntamiento para no hacer VPO en dichas zonas.

"No voy a hacer ninguna declaración por respeto a la Justicia"

El redactor del Plan General, Jesús Quesada, no quiso hacer ayer ningún tipo de valoración sobre su comparecencia ante el juez. "Por respeto a la Justicia no voy a decir nada", explicó a los periodistas a la salida del juzgado. El redactor del Plan General había logrado eludir a las cámaras a su llegada al Palacio de Justicia de Benalúa, mientras que el juez de Instrucción había prohibido el acceso a los reporteros gráficos al edificio.

A la salida esperó en el vestíbulo de las dependencias a que llegara el coche que tenía que recogerle y abandonó el edificio sin eludir a la prensa. La declaración judicial fue grabada íntegramente en soporte audiovisual por lo que las partes no dispondrán de la transcripción hasta que el juzgado la haya validado.