Colas en la dirección territorial de Educación y colas también en los centros de salud. El requisito impuesto por la Conselleria de Educación a los 4.500 interinos despedidos en junio, pero que lograron plaza en julio, para que presenten un certificado médico para darse de nuevo de alta laboral ha provocado un auténtico colapso en los centros de salud, según han denunciado médicos de familia a este diario. El poco tiempo con el que se ha avisado a los profesores para que cumplan con este trámite, apenas tres días, ha hecho que los maestros no hayan podido coger citas con sus médicos de familia, "por lo que están acudiendo de urgencia para que les demos el certificado médico", explica Víctor Pedrera, médico de familia y responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico CESM.
Una situación "que está provocando un grave desbarajuste en las consultas, ya que cada médico de familia recibe a una media de seis profesores diarios para que les hagamos un certificado médico oficial". El precio de estos impresos en un centro de salud "es de seis euros", señala Pedrera, y en centros médicos privados "puede alcanzar los 30". El responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico asegura que esta situación choca de frente con las instrucciones firmadas por la Conselleria de Sanidad en el año 2008 para quitar carga burocrática a los médicos de Atención Primaria. En este documento se liberaba a los facultativos de la necesidad de tener que emitir certificados médicos para trámites como oposiciones o pruebas selectivas, que quedaban sustituidos por un informe de la historia clínica electrónica. Además "se evitaba a los usuarios el pago de tasas por estos documentos que tienen la misma validez que el emitido por su médico de familia". De esta forma, la emisión de estos certificados médicos oficiales no sería una tarea obligatoria para los médicos de familia, "aunque en la medida de nuestras posibilidades tratamos de hacerlos, porque por la vía privada es cuatro veces más caro".
Más colas en Educación
Mientras, las colas frente a la dirección territorial de Educación continuaban ayer en la ciudad de Alicante, con un mayor número de profesores que el lunes esperando para cumplir todos los trámites marcados por la Conselleria de Educación para darse de nuevo de alta laboral y seguir dando clases este curso escolar que arranca el viernes.
El departamento que dirige María José Catalá exige a los maestros que entreguen una copia del título universitario, del Curso de Adaptación Pedagógica, una declaración jurada de no antecedentes penales, el número de una cuenta bancaria, una copia de la declaración de la renta y un certificado médico.
Una documentación que, según Educación, ha sido requerida desde la Conselleria de Hacienda al entender que se trata de un nuevo contrato, aunque se les pida a profesores que llevan más de 20 años trabajando.
El problema es que la información con estos nuevos requisitos llegó a los centros escolares el pasado viernes, por lo que los profesores apenas han tenido tiempo para tramitar toda esta documentación que debe ser presentada hoy.
Los sindicatos ya han advertido de que no va a dar tiempo a introducir de nuevo todos estos datos y por lo tanto no llegarán las nóminas del mes para todos. En este sentido, CC OO entiende que no se puede penalizar a quien no entregue los papeles en este plazo de tiempo "porque no obstaculiza ningún pago de la Administración". Y por su parte, los médicos de familia también critican una situación que ha terminado por repercutirles de lleno. Los galenos temen que esto sea el anticipo de una vuelta a la situación anterior a 2008, con toda la carga burocrática que tenían entonces en las consultas.
"La Administración tiene la obligación de facilitar los servicios a los ciudadanos, disminuir las cargas burocráticas y los costes innecesarios", afirma Pedrera. No se puede consentir, añade, "que disponiendo de todos los datos necesarios en la Administración, con costes millonarios en programas informáticos se continúe manteniendo esta burocracia".
