La Junta Directiva de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) valoró ayer "positivamente" el acuerdo entre la Generalitat, el ministerio de Agricultura y el gobierno de la región de Murcia para garantizar la continuidad del trasvase Tajo-Segura, por considerarlo un infraestructura estratégica y un objetivo socioeconómico de primer orden para España.
De este trasvase dependen 180.000 empleos y más de 147.000 hectáreas de regadío, según datos barajados por Fecoreva.
El presidente de la federación, Benjamín Aparicio, indicó que este acuerdo demuestra que continúan vigentes los principios que guiaron a los impulsores del proyecto: promover una agricultura de exportación con elevados rendimientos y numerosos puestos de trabajo, al tiempo que se paliaban los gravísimos problemas de abastecimiento general que históricamente ha tenido la cuenca del Segura.
Benjamín Aparicio matizó, no obstante, que la medida solo supone "un primer paso de los que serán necesarios para garantizar plenamente los derechos de los usuarios". El presidente de la federación advirtió de que "velarán por el cumplimiento del memorándum de entendimiento".
Los representantes de Fecoreva se han reunido ya con el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura y Agua, José Ciscar, para conocer en detalle los términos del memorándum y las novedades que aparejará, tales como la modificación de la Ley de Aguas.
Según han indicado los regantes, este nuevo documento recoge la posible derogación de la disposición adicional primera de la ley 11/2005, conocida como "cláusula Narbona", que estipulaba que el agua procedente de las desalinizadoras se restaría de las aportaciones de caudales del Tajo-Segura.
