El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, se salió ayer con la suya y, a pesar de la oposición de una parte del pleno, logró la autorización que quería para seguir negociando el alquiler de parte de su sede con el Ayuntamiento de la ciudad con el objetivo de aliviar la delicada situación económica por la que atraviesa la institución. Para ello, los empresarios también aprobaron la elaboración de un pliego de condiciones que determine los parámetros del arrendamiento de la sede y que también serviría para decidir entre varias ofertas si surgen más pretendientes para instalarse en el antiguo Hotel Palas.

Como se preveía, el pleno de ayer no estuvo exento de polémica y, aunque finalmente Garrigós obtuvo el respaldo de tres cuartas partes de los presentes -hubo 24 votos a favor, dos abstenciones y seis votos en contra-, el presidente de la Cámara tuvo que oír duras críticas por la situación que atraviesa la institución y por la forma en que ha gestionado el asunto del alquiler.

Así, más de una decena de miembros de la Cámara, como el presidente de la comisión de Ordenación del Territorio de la misma, Rafael Regalado; el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro; o el siempre crítico presidente de los comerciantes de la provincia, Pedro Reig, tomaron la palabra para reclamar la elaboración de un plan integral que garantice la viabilidad económica de la institución, amenazada por su falta de ingresos y las deudas de la Generalitat, que no se limite simplemente al alquiler de la sede.

Uno de ellos, José Antonio Sánchez, incluso llegó a registrar la solicitud por escrito, aunque el presidente no se plegó a su petición y retó a los críticos a reunir las firmas de un tercio de los miembros del pleno, tal y como marca el reglamento, para exigir dicho plan.

"Devolver las llaves"

Según las fuentes consultadas, José Enrique Garrigós también se mostró muy duro en sus intervenciones y en la defensa de la necesidad de alquilar parte de las instalaciones. Llegó a asegurar que, si no se aprobaba la propuesta, no habría más remedio que cerrar el edificio y "devolver las llaves a Valencia", en referencia al Gobierno valenciano, que tutela la Cámara y que también financió una parte muy importante de los 22 millones que costó acondicionar el histórico Hotel Palas para albergar el ente cameral.

El pleno de ayer era, en realidad, continuación del celebrado el pasado 25 de marzo, cuando la polémica suscitada por la falta de información sobre el proyecto para alquilar parte de la sede de la Cámara obligó a suspender la votación del proyecto. Según trascendió entonces, la intención de Garrigós y de su equipo era arrendar las dos plantas superiores del edificio al bufete de abogados de Cuatrecasas por unos 300.000 euros anuales más IVA.

Sin embargo, varios miembros del pleno denunciaron la necesidad de sacar a concurso el posible alquiler al tratarse de una institución de derecho público y, sobre todo, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, saltó a la palestra para reclamar el derecho de tanteo del consistorio, que en su día pagó 3,5 millones a la Cámara por su antigua sede para que la institución pudiera rehabilitar sus actuales instalaciones. La presión de Castedo obligó a la Generalitat a intervenir y el vicepresidente del Consell, José Císcar, advirtió a Garrigós de que no aprobaría el arrendamiento a Cuatrecasas.

Desde entonces, los responsables de la Cámara han intentado reconducir la situación y, tras un maratoniano comité ejecutivo el lunes de la semana pasada, decidieron ponerse en contacto con la Diputación y con el Ayuntamiento de Alicante para ver su disposición a pujar por el alquiler de la sede.

Fueron las conversaciones con el consistorio alicantino las que fructificaron y el viernes, Garrigós y Castedo se reunieron para hablar de las condiciones y, posteriormente, una comitiva municipal visitó la Cámara para comprobar la capacidad del inmueble. Frente a las dos plantas que requería Cuatrecasas, el Ayuntamiento también planteó el arrendamiento de una parte de la planta baja.

El pleno de ayer sirvió para dar legitimidad a estos "contactos", como los definió la propia institución en su nota oficial, y también para aprobar la elaboración de un pliego de condiciones que rijan este proceso de arrendamiento o un posible concurso, en el caso de que haya más de un candidato. En cualquier caso, será un nuevo pleno el que deberá aprobar dicho documento antes de cerrarse ningún acuerdo.