Los portavoces de los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante (PSOE, EU y UPyD) han coincidido en rechazar hoy que la instalación de la multinacional Ikea en la ciudad esté necesariamente vinculada al Plan Rabasa.
Las tres formaciones políticas han reaccionado hoy tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha anulado la homologación del Plan Parcial de Rabasa, aprobado por la Consellería de Medio Ambiente, y deja sin efecto el acuerdo municipal en su adjudicación a una mercantil del empresario Enrique Ortiz.
En un receso durante el pleno celebrado hoy, el portavoz socialista, Miguel Ull, ha manifestado que "el tema de Ikea no tiene por qué relacionarse obligatoriamente con Rabasa".
"Si la señora alcaldesa -Sonia Castedo (PP)- está preocupada para que Ikea venga a Alicante como factor dinamizador de la economía, lo que tiene que hacer es buscar otro sitio adecuado para su instalación", ha añadido Ull.
Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE de Alicante, Gabriel Echávarri, ha manifestado a través de una nota de prensa que la alcaldesa "pone en peligro la llegada de Ikea" dado que, a su juicio, "se empecina en que se construya en terrenos de Enrique Ortiz".
Desde UPyD, su portavoz municipal, Fernando Llopis, ha dicho a los periodistas que "parece que toda infraestructura" que se proyecta en Alicante tiene que tener una vinculación "con un empresario, pero no tiene por qué ser en ese terreno".
A su vez, el portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, se ha referido al empresario Enrique Ortiza quien ha relacionado con presuntas tramas de corrupción tanto en Rabassa como en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
"A la señora Castedo se le están cayendo todos los proyectos emblemáticos que vendía para la ciudad", ha añadido Pavón, quien ha recordado que EU siempre ha mostrado su oposición "a la instalación de una macrosuperficie comercial" que se pretendía ubicar junto a la de Ikea, según el proyecto del Plan Rabassa.
Según Pavón, la instalación de este gran recinto comercial "supondría un golpe mortal para el pequeño y mediano comercio de la ciudad", por lo que considera que la sentencia del TSJCV es "una buena noticia para los comerciantes y los ciudadanos".
El portavoz de EU ha explicado también que esta formación ha trasladado una pregunta a la Comisión Europea, a través del eurodiputado Willy Meyer, acerca de por qué no se hizo pública en el diario oficial de la Unión Europea la documentación sobre el Plan Rabasa, pues, según apunta la sentencia del TSJCV, ésta debía haber figurado en este boletín europeo.
Pavón ha asegurado que esta misma circunstancia concurre también en el caso de la "macrocontrata de residuos" de la ciudad, "adjudicada casualmente a una UTE (Unión Temporal de Empresas) participada por Enrique Ortiz".
Ha anunciado que su formación política recurrirá la adjudicación de dicha contrata, dado que consideran "que no se cumplen los requisitos de libre concurrencia y publicidad" de la convocatoria.
"Parece que todo lo relacionado con el señor Ortiz está presuntamente amañado, y ya está bien de esta presunta trama, que parece que es la que gobierna la ciudad", ha concluido Pavón.
