Las crisis aguzan el ingenio y muchos encuentran en la situación económica que atraviesa el país el caldo de cultivo perfecto para intentar defraudar a Hacienda o a la Seguridad Social. Las administraciones, por su parte, también tienen asumido que el actual es un momento de especial volumen de trabajo para intentar adelantarse a esas trampas. Tan solo en los cinco primeros meses del año se han detectado más de 50 empresas ficticias en la provincia y se ha «pillado» a 2.000 personas trabajando sin contrato en distintas empresas que han sido visitadas por sorpresa y sancionadas por la Inspección de Trabajo.

Un equipo de 24 a 27 inspectores y de 30 a 33 subinspectores (dependiendo del momento concreto del año) tienen programadas para este ejercicio 18.300 actuaciones en empresas de todo tipo. De ellas, 900 serán en horario nocturno y fines de semana y se centrarán sobre todo en la hostelería, aunque no exclusivamente. Se destierra por lo tanto la idea de que el inspector no aparece por la tarde, como algunos creen.

Se trata de visitas que se efectúan sin avisar y que se deciden al azar entre mercantiles que reúnan una serie de parámetros en función de la campaña que se quiera intensificar. El gerente de la empresa a la que le toca suele pensar que alguien le ha delatado, pero desde Inspección aseguran que menos de la mitad de visitas proceden de una denuncia, y que en caso de que así sea es frecuente que venga de un trabajador que no tiene contrato o que trabaja más horas de las que tiene en nómina, aunque los sindicatos también son activos y están en contacto con la administración. De todas maneras, el compromiso de los inspectores es no revelar la fuente. Por lo pronto, la sanción administrativa por, por ejemplo, dos empleados «en negro», supera los 7.000 euros. Pero no solo eso, sino que si la empresa no les da de alta lo hace de oficio la administración y si son muchos trabajadores el asunto puede tener consecuencias penales.

Hay sectores especialmente conflictivos y el calzado es quizás el más claro, porque hay «un empleo masivo de trabajadores sin contrato». La Inspección de Trabajo no quiere criminalizar a esta industria, pero reconoce que el empleo ilegal es un problema estructural en este mundo: «Se dice que es la crisis, pero en el caso del calzado no es así, siempre ha habido muchos problemas de economía sumergida, y ahora esta creciendo el número de empleados que están trabajando sin dar de alta y cobrando la prestación por desempleo».

La tendencia inversa en los últimos años es la que acompaña a la salida del país de muchos inmigrantes irregulares. «En la época previa a la crisis había muchísimos extranjeros en situación irregular que encontrábamos trabajando, pero ahora ya no se da tanto», señalan. No solo eso, sino que siguiendo con el caso del calzado se están desmontando algunos mitos, como el de que los asiáticos son expertos en economía sumergida: «La Policía nos pide a veces que les acompañemos en intervenciones de extranjería o de falsificaciones y no es necesariamente cierto que los chinos estén trabajando irregularmente, hemos hecho inspecciones en las que están todo asegurados», dicen las mismas fuentes.

Recaudatorio

«A veces leo o escucho que nuestra intención es recaudar y no lo es en absoluto». Se trata de disuadir, sostienen, con la convicción de que la economía sumergida provoca tres problemas fundamentales. Por un lado, «detrae recursos al sistema, con todo lo que estamos viviendo con preocupación de falta de fondos para servicio o con no saber qué pasará con las pensiones». En segundo lugar «juega con la dignidad de la persona negándoselo todo, no solo su cotización sino la jubilación o hasta la baja si tiene un accidente». Y en última instancia «distorsiona absolutamente la competencia». Y es que tener a los empleados sin contrato es mucho dinero a final de año y se acaba jugando con distintas cartas. La Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), entre otras, lleva meses reclamando más inspecciones para minimizar la competencia de hosteleros que incumplen la ley y bajan los precios.

Sin embargo, los inspectores de trabajo (que prefirieron guardar el anonimato en este artículo), aprecian «una cierta tolerancia social», la opinión de muchos de que al menos se crea trabajo, aunque sea al margen de la legalidad. «Entiendo que la gente tiene problemas económicos, pero nuestro combate no es nunca recaudatorio: Se intenta que se tenga conciencia de que son actuaciones muy graves e incluso delictivas», señalan.

Hostelería

El sector de la hostelería sabe mucho, lamentablemente, del trabajo sin contrato de personal eventual. Por eso se intensificará la campaña en horarios nocturnos y de festivos. «Por nuestra parte está habiendo un esfuerzo intenso y se están dando resultados importantes, con un gran volumen de detecciones», aseguran. La agricultura es otro cantar, y en función de las épocas de cosecha de los distintos productos típicos de la provincia las inspecciones llegarán a también a los campos, al menos 150 veces este año.

El nivel de actividad en las oficinas de la calle Pintor Lorenzo Casanova en Alicante va en consonancia con el del año pasado, un año «extraordinario» en cifras, «aunque nos gustaría que la economía sumergida fuera nula». En 2012 se detectaron más de 4.000 casos de trabajadores sin dar de alta y este año las cifras parece que se igualarán. Para ello, a menudo la Policía tiene que acompañar a los inspectores, que se encuentran con impedimentos para acceder a las empresas y hasta con reacciones violentas.

«Nuestro esfuerzo es perseguir el fraude que tanto daño hace a los trabajadores que lo padecen, a la competencia que se esfuerza por cumplir las exigencias legales y a las arcas públicas que padecen la merma de ingresos», sintetizan desde la Inspección de Trabajo, conscientes de que no en todos los sectores gozan de buena imagen. No en vano, se sigue viendo a trabajadores huir de las empresas cuando se dan cuenta que ha llegado un inspector, en algunos casos por orden de los gerentes y en otros porque ellos mismos son también los defraudadores al beneficiarse de un sueldo y de una prestación o subsidio.