El Ayuntamiento de Alicante ha encargado ahora un informe jurídico que aporte soluciones para sortear la desprotección en la que quedan centenares de edificios de la ciudad, como consecuencia de la imprevisión municipal al pedir la retirada del Plan General en su conjunto, sin mantener la tramitación del Catalogo de Inmuebles Protegidos que llevaba adjunto. La propuesta, avanzada ayer por el alcalde, Miguel Valor, pasa por suspender las licencias de demolición y edificación en los inmuebles incluidos en ese catálogo que queden desprotegidos y no estén amparados por ninguno de los planes en vigor.
En el pleno de febrero, todos los grupos políticos acordaron desistir del Plan General en trámite, al considerarlo desfasado y estar bajo una investigación judicial. El lunes, el Consell aprobó el acuerdo y la devolución de toda la documentación, incluido el catálogo de protección, al Ayuntamiento. En ese documento se protegían 583 edificios y espacios de la ciudad, frente a los alrededor de 250 que figuran en los planes en vigor.
El mero hecho de estar en trámite, facultaba a la administración a denegar licencias de demolición o las que no se ajustaran al grado de su futura protección. Una garantía que desaparece en el momento en el que el documento deja de estar en tramitación. Desde el Ayuntamiento, que no reparó en esta circunstancia cuando pidió la retirada del Plan General en su conjunto, asegura ahora que dispone de un mes de plazo hasta que la anulación sea firme para buscar una solución. El alcalde repartió ayer responsabilidades recordando que la decisión de desistir de todo el Plan General fue fruto de una decisión unánime de todos los grupos políticos. «Buscamos el consenso en ese momento y tuvimos que hacerlo así», indicó el alcalde.
La aprobación del pleno se produjo en febrero sin que hasta ahora, tres meses después se haya buscado ya una solución para enmendar la posible desprotección del patrimonio. «Vamos a tener un mes para arreglarlo», dijo el alcalde ayer, quien avanzó que se plantea una suspensión de licencias de demolición o intervención en los edificios que queden desprotegidos. La edil de Urbanismo, Marta García-Romeu apuntó también a la alternativa de reactivar la tramitación del catálogo al margen del nuevo Plan General que se elabore, lo que ampararía a la administración a no dar licencias de demolición o de intervención en estos edificios por estar en trámite de protección. «La decisión la deberá adoptar la próxima corporación», dijo el regidor, quien apuntó que igualmente tendrá sobre la mesa la definición de un nuevo Plan General.
García-Romeu ratificó que se ha encargado un informe a los servicios jurídicos de Urbanismo e incidió en que cualquiera de las medidas no podría aplicarse antes de un mes, cuando sea firme la decisión del Consell. Indica que en ese periodo de transición de un mes, queda garantizada la protección de los edificios. «En el momento que sea definitivo la anulación del Plan General y del catálogo adjunto ya arrancará la próxima corporación puede tener varias opciones para evitar que no haya ni un solo día» en el que el patrimonio quede desprotegido, señaló la edil, quien apuntó que en «lo normal es que cuando se inicie el proceso de revisión del Plan General se tome la decisión de si el catálogo se tramita en paralelo o no».
García-Romeu apuntó a la posibilidad de reactivar el catálogo conforme está actualmente, para agilizar el vigor del trámite, y modificarlo posteriormente en el periodo de alegaciones. La edil sostiene que esa reactivación del trámite podría ser inmediata por parte de la siguiente corporación.
Por su parte, el portavoz de EU y candidado de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, propone la elaboración de un catálogo «exhaustivo» y su tramitación al margen del nuevo Plan General, así como «la adopción urgente de medidas suspensivas que eviten el deterioro o destrucción del patrimonio local».
