Una vez celebrada la investidura de Gabriel Echávarri como nuevo alcalde de Alicante, con el apoyo previamente firmado de Guanyar y de Compromís, junto al inesperado y negociado a última hora con Ciudadanos, el tripartito de izquierdas que gobernará a partir de ahora el principal ayuntamiento de la provincia se enfrenta a una deuda millonaria que condiciona el futuro de la ciudad. Una situación que dificulta la puesta en marcha del paquete de medidas incluido en el programa de gobierno municipal suscrito la pasada semana por PSOE, Guanyar y Compromís. En ese documento pactado por los líderes de las tres formaciones políticas también hay hueco para el aspecto económico, aunque de forma muy superficial. Entre las medidas incluidas en el epígrafe «a desarrollar en los primeros cien días» se habla de «realizar un informe económico independiente para conocer la situación real de las cuentas del Ayuntamiento».
Los últimos datos oficiales de principios de año recogen que la deuda municipal en Alicante se sitúa en 138 millones de euros. Una cantidad inferior a la que se registraba hace justo una legislatura, pero a costa de destinar un 13% del presupuesto a pagar las cuentas pendientes con los bancos, frente al 7% que se dedicaba hace 4 años. Esto supone que el tripartito, de llegada, se encuentra con un presupuesto hipotecado, dado que a día de hoy unos 30 millones de euros están consignados para amortizar la deuda y los intereses generados con las entidades financieras. Ésta es una de las consecuencias que dejaron en el Ayuntamiento de Alicante los dos rescates solicitados a lo largo del último mandato del PP, por un valor total de 75 millones de euros, para hacer frente a facturas pendientes. Esa «ayuda» del Gobierno central se condicionó a un plan de ajuste, con recortes y subidas de tasas e impuestos en la ciudad, que el tripartito, una vez se ha colocado al frente del Ayuntamiento, debe decidir si apuesta por continuar con el «acuerdo» actual o revisarlo, siempre que consiga el visto bueno de Hacienda.
En el programa acordado por las tres formaciones de izquierdas, donde apenas se trata el asunto de la deuda municipal, se recogen dos posibles encuentros con el nuevo inquilino del Consell -que según lo previsto será el socialista Ximo Puig- y con miembros del Gobierno de Rajoy para tratar, en ambos casos, cuestiones como la financiación de la ciudad.
Al margen del acuerdo programático del tripartito, Guanyar -en su programa electoral- apostaba por negociar con las entidades los plazos de amortización y los tipos de interés para que «el pago de la deuda no impida la ejecución de los planes de desarrollo de la ciudad». Guanyar también subrayaba exigir responsabilidades judiciales a los exdirigentes populares si tras realizar la auditoría se detectaban «posibles fraudes».
En una línea muy similar se mostraba Compromís en su programa electoral, donde se recogía la realización de una auditoria de la economía municipal. «Se complementa con una comisión de investigación, nombrada por el pleno, sobre causas y efectos de la crisis en Alicante y posibles responsabilidades políticas». Por su parte, los socialistas apostaban por la creación de una oficina económica para «velar» por el correcto uso de cada euro gastado por el Ayuntamiento de Alicante.
Con la unión de las tres fuerzas de izquierdas en el tripartito, a partir de ahora se conocerán sus medidas frente a la deuda millonaria que ha dejado en herencia el PP.
