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El Consell computa casi 400 pisos ocupados ilegalmente que no puede usar en la provincia

La Generalitat ha detectado sólo en el último año cerca de 70 ocupaciones irregulares

El Consell computa casi 400 pisos públicos ocupados ilegalmente

El Consell computa casi 400 pisos públicos ocupados ilegalmente

Es uno de los grandes problemas a los que tiene que hacer frente la actual Conselleria de Vivienda, el de la ocupación ilegal de inmuebles de titularidad pública. Una lacra que en la provincia de Alicante tiene unas cifras elevadas, con un total de 376 viviendas en esta situación, según datos aportados por el departamento de María José Salvador. El problema se ha agravado con la crisis económica, como lo demuestra el hecho de que sólo en el último año han sido casi 70 los inmuebles ocupados de manera irregular en la provincia de Alicante, donde la conselleria gestiona un total de 5.721 viviendas.

Hay barrios en los que esta situación está degenerando en importantes problemas de convivencia. Es el caso del barrio Virgen del Carmen, una de las zonas más castigadas por esta situación en la ciudad de Alicante. En esta zona, la Conselleria de Vivienda gestiona actualmente 802 viviendas, de las que 94 están ocupadas por familias que no han seguido los trámites pertinentes. Una situación que indigna a los residentes de este barrio. Algunos vecinos consultados por este diario denuncian que el 90% de las casas ocupadas de manera irregular están dedicadas al menudeo de droga. «En los bloques de viviendas no funciona ni la luz ni el ascensor, puesto que estas familias no pagan la comunidad de propietarios y el clima de inseguridad en el barrio es enorme. Inseguridad no sólo por la delincuencia que hay, también por el peligro que suponen los enganches ilegales de estas viviendas a la red eléctrica», señalan estos vecinos.

La situación se repite en otras zonas de la ciudad como el barrio de Juan XXIII, donde el 85% de las casas están habitadas por «okupas», según cálculos de la presidenta de la asociación de vecinos, Celia Campelo. Como en el caso de Virgen del Carmen, la situación en este barrio es una bomba de relojería. «No pagan escalera, se enganchan a la luz y el agua de manera ilegal y los niños no están escolarizados y se pasan todo el día en la calle», sostiene Campelo, quien se queja de que «ninguna administración nos escucha».

La ocupación ilegal de viviendas ha llegado a impedir, aseguran desde la Conselleria de Vivienda, «la reparación de varios pisos del parque público de la Generalitat para poder adjudicarlos a familias en régimen de alquiler social».

Con el objetivo de poner fin a esta situación, la Conselleria de Vivienda se ha embarcado en los últimos meses en un plan con el objetivo de recuperar este parque de viviendas para ponerlo a disposición de aquellas familias que han cumplido con todos los trámites oficiales y llevan años esperando una vivienda pública.

En este sentido, se ha iniciado un plan para desalojar a las familias que han ocupado de manera irregular viviendas de titularidad pública en el último año. Para una segunda fase quedarán las que llevan más tiempo ocupadas.

Las personas que se encuentran en situación irregular ya han comenzado a recibir cartas instándoles al abandono de la vivienda, de lo contrario, la conselleria amenaza con iniciar los trámites judiciales para que abandonen estas casas, con las consecuencias que les puede acarrear. El plan se ha adoptado tras mantener reuniones con más de 60 ayuntamientos de la Comunidad.

El mal estado de las viviendas ha sido otra de las «patatas calientes» con las que ha tenido que batallar la nueva administración, que al llegar al nuevo gobierno contabilizó más de 700 casas pendientes de reparar. Desde el inicio de la legislatura se han reparado 46 casas en la provincia y actualmente se están llevando a cabo obras de reforma en otras 25. Además, según han explicado desde la conselleria, otras 41 tienen ya una valoración y 42 están pendientes de valorar.

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