Dos días después y con una resolución de apenas tres folios, la Audiencia de Alicante ha rechazado el recurso de súplica del fiscal para pedir la reapertura del caso Rabasa, según el auto notificado ayer. La resolución no entra en ninguno de los motivos de fondo planteados por el fiscal Anticorrupción en su recurso y lo desestima al considerar que la decisión estaba suficientemente motivada y contra ella no cabe recurso alguno, ya que, de lo contrario, «la posibilidad de recurrir sería ilimitada».

La investigación de la tramitación urbanística del Plan Rabasa fue una pieza desgajada del caso Brugal, en la que estaban imputados, entre otros, la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz. El juzgado de Instrucción número seis investigaba presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. El magistrado César Martínez meses después de incorporarse al juzgado acordó el archivo del caso al no ver indicios de delito alguno. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen Esquerra Unida y PSOE recurrieron la decisión judicial, pero la Audiencia Provincial confirmó la decisión del instructor.

Pese a que la resolución era firme, el fiscal Felipe Briones presentó un recurso de súplica planteando que las acusaciones sí que ven indicios de delito y pretendían llevar al banquillo a los implicados y, por tanto, el instructor no puede acordar el cierre del caso. Menos aún, con diligencias pendientes de practicar.

La Sección Tercera no ha entrado en ninguno de estos argumentos y ha rechazado el recurso de súplica. El auto recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional en la que aseguraba que «es suficiente con constatar que se trata de una decisión judicial motivada y fundada en una interpretación y aplicación razonada del artículo 236 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la que el órgano judicial descarta que contra los autos dictados en segunda instancia quepa recurso de súplica». La Audiencia señala que de lo contrario «la posibilidad de recurrir sería ilimitada». Por este motivo, ha desestimado el recurso del fiscal y no lo ha admitido a trámites. La resolución ha sido tan rápida que ni siquiera las partes habían tenido de estudiar los argumentos del fiscal.

El fiscal planteaba en su recurso de súplica que no entendía cómo en «actuaciones muy complejas, materializadas en miles de folios, en las que tras años de investigación y sin concluirse ésta, el instructor decida su archivo, sin practicar las diligencias propuestas por el fiscal». El Ministerio Público, además de solicitar la reapertura del caso, había pedido que fueran llamados a declarar en calidad de testigos los directivos de la multinacional sueca Ikea. Entre ellos, se encuentran el director de expansión de Ikea, Sylvain Laval, el subdirector, Pedro Campelo y los letrados Álvaro Unamuno y Marta Sanz. Anticorrupción aseguraba que la instrucción judicial ya estaba a punto de finalizar, tan sólo a falta de algunas declaraciones.

Por otro lado, el juzgado de Instrucción cinco de Alicante sigue ultimando el auto por el que dará por acabada la investigación de las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante y que llevará al banquillo a Castedo, Ortiz y el exalcalde Luis Díaz Alperi, entre otros