El decreto municipal por el que se ordenó el cierre de la terraza del restaurante Mauro&Sensai, situado en el entorno de la torre Ansaldo, en el Cabo de las Huertas, no fue un acto arbitrario del Ayuntamiento de Alicante sino que, por el contrario, fue la respuesta lógica y responsable a un largo listado de irregularidades que acaba de ratificar un juez, que valida así la clausura de este espacio.

Así lo ha corroborado el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante en una resolución contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y que no surtirá afecto, de confirmarse, hasta que sea firme. El Ayuntamiento ejerció en este caso «la función inspectora y de control que le compete como Administración», precisa el magistrado.

No es la primera vez que los responsables de este establecimiento sufren un revés de la administración por la utilización de la polémica terraza, que abrieron tras presentar una declaración responsable «cuyos efectos no son los que la parte actora (en alusión a los gestores del local) pretenden».

La Generalitat les impuso el pasado septiembre un multa de 42.000 euros por varias faltas graves y muy graves después de que rompieran el precinto que había colocado la Policía Local para hacer cumplir el decreto de cierre y la reabrieran. Precisamente fue esta orden municipal de clausura la que les llevó a acudir a la vía Contencioso-administrativa que les ha quitado la razón y se la da al Ayuntamiento. El magistrado rechaza íntegramente el recurso presentado por los responsables del local y precisa que «la orden de paralización de la actividad acordada por el Ayuntamiento (...) es plenamente ajustada a derecho y así debe declararse de manera expresa».

En su análisis, el juzgador no se queda únicamente en los incumplimientos que presentaba la declaración responsable, y que la invalidaban para dar cobertura legal al uso de la terraza, sino que tampoco se le escapa el espacio dónde está ubicada: junto a un monumento declarado BIC, la torre Ansaldo, «pudiendo el desarrollo de la actividad afectar al mismo».

Ruidos

Pero hay más. En la resolución se recogen los motivos que el departamento de Miguel Ángel Pavón esgrimió para no permitir la explotación de este espacio, entre otros la presencia de elementos fijos y con carácter permanente en zonas exteriores sin que se hubiera pedido licencia para colocarlos. O la «inadmisible auditoría acústica» presentada por los hosteleros en la que ni se identifican los focos de ruido ni se evalúa el de sonido de fondo. Valoraciones a las que el juez añade el acta levantada por la Policía Local en el momento de cerrar la instalación donde quedaba constancia de que «se superaban los niveles sonoros permitidos». Una de las molestias de las que reiteradamente se han venido quejando los vecinos de la zona.

Con todo, la terraza se podrá seguir utilizando hasta que la sentencia, de ser así, se confirme. Hasta ese momento continúa en vigor la medida cautelar que, a instancia de los hoteleros, les permite seguir con su explotación hasta que haya una resolución firme, tal y como establece la ley.

Además, y en paralelo a este proceso, otro juzgado de Alicante está instruyendo la querella que por la reapertura de la terraza clausurada presentó la concejalía de Urbanismo en otoño de 2015 por un delito de desobediencia. Se trata del mismo hecho por el que, por la vía administrativa, se fijó la multa de 42.000 euros antes citada.

Durante la instrucción del procedimiento penal, el magistrado ha citado a declarar a al menos dos responsables del local en calidad de investigados, comparecencias que se podrían haber ampliado a un tercero. El instructor también reclamó al Ayuntamiento el expediente completo de este negocio.