La satisfacción con la que el conceller de Educación, Vicent Marzà, recibió ayer el aplauso de la bancada de su partido, Compromís, junto a los socialistas y Podemos tras aprobar con sus votos la nueva Ley de plurilingüismo, contrasta con la «tristeza» y ácidas críticas de los representantes de los padres de alumnos de las tres confederaciones autonómicas, las dos públicas y la concertada, que lamentan como un sola voz que no se haya contado con las familias y que la ley sea más «política» que «pedagógica».

Mientras los padres expresan estos lamentos a preguntas de este diario, desde el Partido Popular apuntan la intención de derogar la Ley en cuanto tengan oportunidad. «Es una dictadura lingüística, un plurilingüismo sin inglés que margina el castellano. Nos les quepa ninguna duda de que vamos a frenarlo», señaló la portavoz popular, Beatriz Gascó.

Igualmente críticos, desde Ciudadanos perciben la ley como una «imposición lingüística que sólo nos ha llevado a un conflicto entre valencianos», pese a que el Consell haya «tratado de suavizar» los anteriores decretos, que quedan derogados con el texto legal.

Réplica

Marzà replicó a todas estas críticas culpando a su vez a la oposición de actuar en modo «partidista»·para tratar de «confrontar», y a los padres les advirtió de que es la «ley estatal del PP» la que limita la aprobación de los proyectos de centro a los directores. «Nosotros lo abrimos al consejo escolar donde están representadas las familias», puntualizó.

De hecho los colegios se han puesto las pilas porque tienen que aprobar en el plazo de un mes sus proyectos lingüísticos adaptados a la nueva ley -a partir de unos mínimos,como son el 25% de las materias tanto en castellano como en valenciano, y de un 15% a un 25% en inglés-, y pasando por el claustro y por el consejo escolar.

El sector de padres más crítico, integrado en el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, ha lanzado una campaña de recogida de firmas contra la Ley de plurilingüismo por «la falta de consenso», con la intención de llegar a las 25.000 -han superado las 19.000 en un año-, a lo que el conseller también replica que su propuesta es «equilibrada», al tiempo que asegura el compromiso presupuestario del Consell por favorecer la formación del profesorado y dotar de recursos a los centros que lo necesiten «tal y como contempla la ley», dijo, para que todos los alumnos tenga las mismas oportunidades lingüísticas.

Esta satisfacción del conseller también contrasta con el malestar de los representantes del profesorado, a excepción de UGT, que ve en la nueva ley una oportunidad para los docentes de mejorar la enseñanza en lenguas entre sus alumnos porque da «autonomía», como valora Pepe Gil.

El resto de los sindicatos no están conformes. El STEPV apunta su «decepción» porque quiere que el valenciano sea la lengua vehicular de la enseñanza en cualquier caso, mientras que CSI.F y ANPE lamentan que se fulmine la actual doble linea con centros en castellano y valenciano al mismo tiempo, además de coincidir en su temor de que se supriman puestos docentes.