Un proyecto que arranca con polémica. El Colegio de Arquitectos de Alicante ha recurrido ante la Conselleria de Justicia, instando a su traslado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de Madrid, el concurso público lanzado por la Generalitat para elegir al gabinete de profesionales que redacte el proyecto para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante en el barrio de Benalúa, valorado en 52 millones de euros. Los arquitectos consideran que el pliego de condiciones es un barbaridad, legal pero barbaridad «absolutamente desproporcionada», ya que sólo uno de los 6.000 arquitectos colegiados en la Comunidad Valenciana cumple los requisitos de un pliego que si se hubiera publicado sólo cinco días después sería ilegal, ya que estaría regulado por la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Normativa que ha cambiado radicalmente los criterios de baremación, según apunta Juan María Boix, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. En concreto, en estos momentos y a falta de cómo se resuelva el recurso, al proyecto a desarrollar en Alicante no se puede presentar ni uno de los más de 1.300 arquitectos colegiados.
La Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Alicante aprobó por unanimidad en su última junta interponer un recurso especial ante la Generalitat Valenciana contra la publicación del pliego para contratar el equipo profesional de técnicos que tendrá que redactar el nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia en Alicante reformando los actuales Juzgados de Alicante-Benalúa y ejecutando un nuevo edificio en el solar frente los actuales Juzgados en la avenida de Aguilera. El proyecto, que supondrá una inversión superior a los 52 millones de euros y supone una reclamación histórica de la ciudad de Alicante para cubrir una falta de recursos importante de la Administración de Justicia, ha empezado con mal pie.
El colectivo de arquitectos entiende que «un proyecto de la importancia y singularidad al que nos referimos debe de tener como cimentación la apertura a la sociedad, la participación, la suficiente concurrencia y en definitiva nacer con todos los parabienes de los agentes implicados», afirma Boix.
Para los arquitectos, «la Generalitat desafía los límites de lo legalmente admisible, presentando y publicando sus pliegos cinco días antes de que la legislación de la nueva Ley de Contratos del Sector Publico entrara en vigor, incorporando unos requisitos para justificar la solvencia técnica y medios para acreditarlos que lejos de buscar la calidad de este proyecto, fija una barrera que prácticamente ningún arquitecto en la Comunidad Valenciana la cumple por sí solo», puntualiza Juan María Boix.
Justicia exige que en los últimos cinco años se haya hecho al menos un proyecto y dirección de obra para un edificio de uso administrativo, y con un importe igual o superior a 18 millones de euros de presupuesto de ejecución material. «Tras solicitar informes a los tres colegios territoriales de la Comunidad Valenciana sólo existe un arquitecto que cumpla dicho requisito por sí sólo. Es decir, que de un colectivo superior a 6.000 arquitectos colegiados en toda la Comunidad, sólo existe un profesional apto, según exige el pliego para poder presentarse a diseñar lo que sin duda es la obra de mayor presupuesto de los últimos ocho años en la provincia de Alicante», subraya.
Rectificación
El presidente del Colegio denuncia el rechazo de los profesionales a las formas y el fondo de forma de actuar de la Generalitat. «Dejar fuera de la mesa a la mayor parte de los arquitectos no parece que sea lo más acertado, si lo que se busca es la participación de un colectivo formado y con muchas ideas que plasmar. Esperamos una rectificación y un talante más receptivo al interés general y menos a los intereses de unos pocos».
Paradójico resulta, además, que en el caso de haberse publicado el anuncio sólo con unos pocos días de retraso, el pliego hubiera sido ilegal en base a la baremación, que es radicalmente contraria a la nueva Ley de Contratos del Sector público. Según la ley actual, se debiera primar el mejor proyecto en relación a su calidad-precio, haber un concurso previo de ideas y contar con un jurado de profesionales que no hubieran participado en el desarrollo de los pliegos y, por tanto, con mayor independencia.
«Se habría dado un tiempo razonable para estudiar el proyecto de tanta importancia y proponer la mejor solución. El dinero que se va a invertir es de todos los valencianos y se merecen que las cosas se hagan lo mejor posible», sentencia Boix.
