Día clave el martes. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha puesto al frente de la cruzada para conseguir el desbloqueo del trasvase Júcar-Vinalopó, y desde el pasado jueves presiona al Ministerio de Hacienda para que facilite que el consejo de administración de la empresa estatal Acuamed apruebe el martes el riego de socorro de 6,3 hm³ que, finalmente, se pagarán, gracias a una ayuda de 819.000 euros del Consell, a 0,40 euros el metro cúbico, el doble del precio pactado con los regantes en su día. Una cantidad que debe figurar en el informe final de Hacienda para autorizar el trasvase. El Consell da por hecho que esta vez no va a haber más problemas, y el agua comenzará a llegar al Vinalopó a finales de la próxima semana, casi dos meses después de la fecha prevista.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, y el resto de los regantes afectados aguardan expectantes la llegada de los caudales pero, por otro lado, tienen preparada la demanda en la que reclaman a Acuamed 200 millones de euros por el daño que provoca en la provincia (52.000 hectáreas) carecer del agua de Júcar. Se la circunstancia de que, pese al relevo en el Gobierno, en la empresa pública que sigue gestionando el trasvase está todavía todo el equipo de la exministra de Agricultura, Isabel García-Tejerina, contrario hasta ahora a facilitar ese riego de socorro.

El aval del Consell está en Madrid desde el viernes, y ahora solo falta que Hacienda abra el grifo. El mismo Ministerio que en 2005, cuando el entonces Gobierno socialista cambió la toma del agua del Júcar-Vinalopó trasladándola a Cullera, miró hacia otro lado y obvió el sobrecoste de 220 millones de euros que se produjo. El mismo que tiene paralizado ahora el trasvase por poco más de ochocientos mil euros, con el agravante de poner en juego una producción hortofrutícola valorada en 30 millones de euros.

Por otro lado, desde Asaja-Alicante exigen que cesen de inmediato las «declaraciones de la ministra Teresa Ribera contra los trasvases y, en concreto, el Tajo-Segura, que solo se están basando en criterios ideológicos que ni benefician ni dan de comer a nadie», enfatiza el presidente, Eladio Aniorte, que añadió que «demuestran un desconocimiento absoluto sobre el tema del agua. En España se vierten al mar 50.000 hm3 al año y nosotros solo necesitamos 1.000 hm3. Si no es capaz de gestionar su área para conseguirlo, y desarrollar una política para que las cuencas estén comunicadas, y no falte agua ni para la agricultura, debería dedicarse a otra cosa».

Los agricultores recibieron el viernes el apoyo de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, hasta ahora muda en el problema hídrico. Oltra recordó que el Tajo-Segura está garantizado por ley, y subrayó que si el Gobierno quiere revisar la normativa deberá hacerlo también con otros temas relacionados con la gestión del agua en el Tajo, postura que comparte con la consellera de Agricultura, Elena Cebrián.

Asaja recuerda también que este trasvase que se contempla en el Memorándum firmado en 2013 por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Castilla-La Mancha y los regantes es un documento legal que se firmó fruto del consenso. Asaja-Alicante, recuerda Aniorte, «lo consideró en su momento una losa, al aumentar las reservas para poder trasvasar de los 240 hm3 a los 400 hm3. De hecho, esta limitación es la que ha impedido que haya podido transferir ni una sola gota desde mayo de 2017 a abril de 2018», asevera Aniorte.

«Si ahora la norma, porque hay más agua, nos beneficia, habrá que hacerla cumplir también. ¿O solo queremos atender los intereses de Castilla-La Mancha y olvidar a los ciudadanos del Levante español?», argumenta el presidente de Asaja-Alicante. La organización agraria exige que impere el consenso, el diálogo, que no se impongan las decisiones de manera unilateral y las imposiciones mediante Real Decreto. «Estos temas que nos afectan a todos necesitan de mayorías cualificadas de todas las partes. También urge tener seguridad hídrica y, para ello, el Ministerio debe basarse en criterios técnicos y objetivos».