El PP, que gobierna el Ayuntamiento, ha vivido en un mes dos crisis derivadas de actuaciones del personal de confianza que contrató cuando en abril accedió a la Alcaldía, la última ayer, al trascender que una empresa vinculada al asesor Jorge Crespo recibió un contrato mayor por valor de 40.000 euros para el mantenimiento de las zonas verdes en las dos escuelas infantiles municipales. El primero fue el cese en junio del asesor Miguel Ángel Redondo, después de que INFORMACIÓN desvelara que declaró haber cobrado en negro de Ciudadanos y Cruz Roja, además de haber recorrido instituciones alicantinas buscando «rehabilitar» la imagen de la edil tránsfuga Nerea Belmonte, cuyo voto en blanco dio la Alcaldía a Luis Barcala en abril.
Las críticas de Ciudadanos (Cs), que el miércoles desveló la incompatibilidad de Crespo y pidió explicaciones al PP por no inhibirse en este procedimiento tras abordarse en el Patronato de Escuelas Infantiles, y las preguntas de Compromís en el Pleno de ayer, ahogaron la euforia popular tras conseguir que se cancelara el Plan de Ajuste por «una mayoría aplastante de 23 concejales», dijo Barcala. El PP casi consigue la unanimidad que buscaba pues Cs, Guanyar, Compromís y los dos ediles tránsfugas dijeron «no» a las restricciones impuestas por el Ministerio de Hacienda, que han lastrado al Ayuntamiento, impidiéndole realizar inversiones y contratar personal. Dieron su visto bueno a que se utilicen los 30,5 millones de remanente de tesorería que dejó el tripartito en las arcas para amortizar deuda con los bancos.
Sin embargo, no consiguieron convencer al PSOE. Los socialistas votaron en contra de la cancelación del Plan de Ajuste. Su portavoz, Eva Montesinos, acusó al PP de «arrasar las arcas» de la ciudad y dijo que su grupo no está dispuesto a «darles un cheque en blanco», pues no se fían de la gestión económica que puedan hacer con el levantamiento del veto a la petición de préstamos a los bancos, que pueden ser hasta del 70% del presupuesto municipal.
Avanzado el Pleno, se conoció la renuncia del asesor Jorge Crespo, aceptada por Barcala, levantando un terremoto en la oposición, pese a que el propio cargo de confianza asumió en un comunicado que fue un error suyo. En la nota explica que el 4 de mayo (tras entrar con dedicación exclusiva como asesor de Barcala), «y tras el oportuno asesoramiento jurídico», redujo su participación en la sociedad Avanza Serveis Integrals de la Terreta por debajo del 25% al entenderse que «era el límite legal que dejaba a salvo mi trabajo como asesor en el Ayuntamiento al no incurrir en ninguna incompatibilidad». «Hechas las oportunas verificaciones, he comprobado que el porcentaje debería estar por debajo del 10%, lo que me ha hecho, sin ser consciente en ningún momento, incurrir en incompatibilidad con mi puesto de asesor».
También emitió un comunicado el equipo de gobierno, en el que la edil de Educación, Mari Carmen de España, afirmaba que no tenía conocimiento de la relación de Crespo con la adjudicataria; que se comprobó que superaba el límite legal de participación en empresas privadas del personal vinculado al Ayuntamiento; y que la incompatibilidad afectaría a la empresa, de ahí que haya solicitado la revisión del procedimiento y la anulación de la concesión del contrato.
En la oposición no se terminan de creer que el PP no conociera el porcentaje de participación de Crespo y sospechan que ha sido cesado. «¿Tan poca atención prestan a la gente a la que contratan? ¿Alguien cree que es responsable dejar que este PP maneje dinero público?», señalaron desde el PSOE, a quienes lo sucedido con este asesor les hizo reafirmarse en su «no» a la cancelación del Plan de Ajuste.
Yaneth Giraldo, portavoz de Cs, grupo que destapó la presunta irregularidad, estima insuficiente el despido del asesor de Alcaldía y considera que el PP debería «asumir responsabilidades políticas por esta nueva chapuza. Nos resulta insólito que nadie en el PP supiera de la actividad empresarial del asesor destituido, destacado militante del partido». También recordó el cese hace un mes del asesor Miguel Ángel Redondo, «que hacía trabajos para la edil tránsfuga y que, según sus afirmaciones, fue contratado por el alcalde para preparar la campaña electoral de 2019».
Desde Guanyar, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, señaló que nadie se cree que Barcala y De España no supieran nada hasta que los medios lo han destapado. «La dimisión de esos asesores en absoluto depura una responsabilidad política que el PP se niega a asumir. Sus concejales debieron inhibirse en todo lo relativo a la contratación vinculada con su asesor y no lo hicieron».
«Si nos creemos al PP, que no me lo creo, el asesor ha actuado de una forma muy pirata», declaró el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien habló de desmadre. «Es difícil entender que no les avise de esta circunstancia, igual que tampoco nos podemos creer que no supieran nada de una persona que iba para arriba y para abajo con Nerea Belmonte», afirmó sobre el primer asesor cesado por Barcala.
