Sin cambios, lo que abre la puerta a que la Generalitat Valenciana impugne el acuerdo municipal que establecía las condiciones urbanísticas de las fincas Pino y Ruaya, donde tiene intereses, entre otros propietarios, el constructor Enrique Ortiz. La Corporación alicantina rechazó ayer, con los votos de PP y Ciudadanos, junto a la abstención de los socialistas, la moción presentada por Guanyar y apoyada por Compromís que reclamaba modificar la nueva situación urbanística de Pino y Ruaya. Y todo a raíz de que la Conselleria de Vertebración del Territorio defendiera que la decisión municipal tomada hace tres meses iba más allá de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) de 1992.
El Ayuntamiento de Alicante, el pasado mes de octubre, aprobó a propuesta de la Concejalía de Urbanismo dirigida por la popular Mari Carmen de España establecer las condiciones urbanísticas de las fincas Pino y Ruaya, reconociendo una superficie de 47 hectáreas, con una calificación de suelo urbanizable, un uso predominantemente residencial y una edificación máxima de 50 viviendas por hectárea. Es decir, permitiendo la construcción de hasta 2.350 viviendas en un terreno anexo a la avenida de Dénia. La conselleria, sin embargo, considera que el acuerdo plenario de octubre (que ayer fue ratificado al tumbar el Pleno la propuesta de Guanyar) afecta a la ordenación estructural del ámbito territorial, otorgando al terreno un «concreto y exclusivo uso residencial y una determinada edificabilidad, una atribución de usos y densidad edificatoria que en ningún momento exige la sentencia que dice ejecutar».
Respecto a lo sucedido en el Pleno de octubre, PP, Ciudadanos (ambos a favor del acuerdo), Guanyar (en contra de las directrices de los técnicos municipales) y el tránsfuga Fernando Sepulcre (en la abstención) fueron ayer los únicos que se mantuvieron firmes. Compromís pasó de la abstención inicial a ponerse ayer de parte de la conselleria, ya que el área que reprueba el acuerdo municipal está dirigida por la coalición. El PSOE, por su parte, dejó atrás el apoyo inicial al PP y ayer se quedó en la abstención, y eso que la conselleria está encabezada por la socialista María José Salvador. La otra tránsfuga, Nerea Belmonte, también cambió ayer su voto respecto a lo hecho en octubre: de la abstención inicial a unirse ayer a PP y Ciudadanos, argumentando su voto en la defensa de los técnicos del Ayuntamiento de Alicante.
Ahora, con la decisión del Pleno de mantener las condiciones urbanísticas de Pino y Ruaya, la conselleria sigue en plazo (dispone de dos meses) para impugnar el acuerdo plenario. Por ahora, no hay espacio para el diálogo entre ambas administraciones como reclama Compromís, por lo que puede acabar en los tribunales.
