Los taxistas de Alicante han optado finalmente por aceptar la regulación propuesta por el Consell para las plataformas de VTC (vehículos con conductor), y aceptarán, como mal menor, el decreto que el Consell ha sacado ya exposición pública durante los próximos diez días. Decreto que mantiene que el tiempo mínimo para reservar un servicio y su inicio sea de 15 minutos, los vehículos no podrán tener más diez años y cuando se sustituyan deberán ser menos contaminantes y cambiarse por coches ecológicos.
No se permitirá la captación de clientes que los soliciten cuando circulan por la calle ni tampoco su geolocalización. Ignacio Picó, vicepresidente de la confederación valenciana de asociaciones del taxi y presidente de Radioteletaxi Alicante subrayó que «las medidas son insuficientes pero, dado el poco tiempo que queda para terminar la legislatura, mejor contar con una regulación para las VTC».
En cuanto a los recorridos urbanos, cuyas competencias serán del Ayuntamiento de Alicante tras la aprobación del decreto autonómico, Picó reclamó que suceda como en València, donde su ayuntamiento aprobará que el tiempo mínimo para solicitar un coche VTC sea de una hora. Por su parte, Óscar Pastor, portavoz de Unauto, patronal de las VTC en Alicante, cargó contra el Consell y anunció que, como ha sucedido en Cataluña, plantearán batalla judicial.
Para Ignacio Picó, presidente de los taxistas, «el decreto no termina de delimitar la naturaleza entre ambos sectores, ya que el Consell ha preferido legislar tímidamente en favor de la protección de uno de los servicios públicos que regula, como es el taxi. Lo aceptamos porque no podemos tomar otro camino, dada la inestabilidad en la que se encuentra el sector, además de la falta de tiempo para reconducir las negociaciones con la Administración» . Picó recordó que «el 2 de abril se disolverá el Parlamento nos podemos encontrar en los próximos meses sin ningún tipo de freno a estas autorizaciones».
Oscar Pastor, portavoz de la plataforma VTC, se mostró muy contrariado con el texto que ha salido a exposición pública. «Nos parece preocupante que la Administración Valenciana se pancatalanice copiando un decreto catalán de muy dudosa legalidad. En caso de aprobarse ocurrirá como en Cataluña, reclamaciones de indemnizaciones. Abogamos porque no prive a los ciudadanos de su derecho a elegir su medio de movilidad sea en VTC, taxi, autobús, patinete o como el ciudadano prefiera. Debe ser el ciudadano el único juez en lo que se refiere al mercado».
