Nuevo palo a los regantes del Júcar-Vinalopó. La Conselleria de Agricultura se ha hecho cargo de la gestión del embalse del Toscar expulsando de la administración del mismo a los agricultores que llevaban haciéndolo desde hace cinco años tras la cesión del Consell del PP. La Generalitat cumple así como una decisión polémica, recurrida en los tribunales, al considerar que el embalse pertenece al patrimonio público del Consell. Un episodio más en la batalla que libran los regantes alicantinos por conseguir agua del Júcar, tranto con Madrid como con Valéncia, que a cinco semanas de las elecciones da un paso adelante que ha causado un profundo malestar en la Junta Central solo unas semanas después de que el propio Consell anunciara a bombo y platillo las realización de la obras del postrasvase.
Esta tarde, Fran Quesada, secretario autonómico de Medio Ambiente ha asegurado que si bien el Consell ha asumido la titularidad de la balsa en función a una sentencia favorable del pasado diciembre, la intención es que la gestión siga siendo de los regantes. De momento, las llaves están en Valéncia.
"Solo un día después de que el presidente Ximo Puig y la consellera de Agricultura manifestasen que hay que ayudar de verdad a los regantes, no generar guerras del agua que tan malos resultados han provocado a la Comunidad Valenciana y al conjunto del sistema, el director general del Agua de la Consellería de Agricultura, ha expulsado a la Junta Central que lo ha venido gestionando y manteniendo desde hace más de 5 años", señalan los regantes en una nota de Prensa firmada por Antonio Berenguer, presidente en funciones de la Junta tras la dimisión de Andrés Martínez.
"Lo ha hecho sin esperar los pronunciamientos definitivos del Tribunal Superior de Justicia sobre los recursos presentados contra la decisión de la Consellería de Agricultura de considerar el embalse del Toscar como dominio público de la Generalitat Valenciana y sobre la entrada forzosa en las instalaciones que solicitó. La Dirección General del Agua ha procedido forzar y cambiar las cerraduras de acceso a la caseta donde están situadas las válvulas y tuberías de entrada y salida de agua al embalse, impidiendo con ello su uso a la Junta Central. Y ello cuando tiene libre acceso a todo el recinto del embalse, como solicitó, que está ocupado por casetas de obras y acopios de materiales para poder acometer las labores de ejecución del tramo 0 de la Margen Izquierda del postrasvase Júcar-Vinalopó", subraya la Junta. La noticia ha sentado bien en Presidencia de la Generlitat y esta tarde, 20 horas después que los "cerrajeros" del Consell entraran en la balsa, desde Presidencia se han puesto en contacto con la Junta Central para tratar de reconducir la situación la próxima semana.
La Junta Central de Usuarios señala en una nota que ejercerá cuantas actuaciones legalmente le corresponden ya que la Dirección General del Agua, "forzando la interpretación de la Ley, en vez de preocuparse por apoyar a los usuarios para alcanzar un acuerdo con el Ministerio para regular el uso del Júcar -Vinalopó, con un precio asumible para los usuarios integrados en la Junta Central, acomete acciones en su contra".
La Junta Central no es una entidad privada sino una entidad de derecho público adscrita a la Confederación Hidrográfica del Júcar y es el órgano competente para distribuir los caudales procedentes de la transferencia JúcarVinalopó. Desde el 2012 ha realizado el mantenimiento y explotación del Post-trasvase Júcar - Vinalopó de forma plenamente satisfactoria, repartiendo los caudales que recibe, con pleno cumplimento de las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar y sin coste alguno para la Administración. Además, se da la circunstancia de
que actualmente la balsa está prácticamente a su máxima capacidad, con caudales procedentes del Júcar -Vinalopó, suministrados por Acuamed, subvencionados en parte por la propia Generalitat (riego de socorro de agosto) y pendientes de su reparto a sus destinatarios.
"Tras múltiples solicitudes de diálogo a la Consellera de Agricultura a lo largo de la legislatura, ha desoído cualquier tipo de solución consensuada, y está permitiendo, contra su compromiso expreso de alcanzar una solución consensuada, lógica y sensata, la actuación, por parte del director general del Agua, que con su inexplicable comportamiento, solo está provocando confrontación y enfrentamientos con los usuarios como lo demuestra la ocupación del embalse", añaden los regantes.
El debate sobre el dominio público de infraestructuras hidráulicas realizadas o ejecutadas por la Consellería de Agricultura y las actuaciones que están llevando a cabo, afectan directamente a los intereses de la provincia y pueden afectar también al resto de la Comunidad Valenciana, y "más allá de cambios de cerradura requiere un debate sosegado, porque la finalidad de las infraestructuras es para su uso por los usuarios".
La Junta Central de Usuarios reclama al presidente de la Generalitat Valenciana y a la Consellera de Agricultura a corregir esta actuación ilógica del Director General del Agua y su particular forma de celebrar el Día Mundial del Agua.
El gabinete jurídico de la Junta Central estima que el paso dado por el Consell y que arrancó en marzo de 2017 es ilegal, ya que, según los regantes, incumple la Ley de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana, que establece que las obras hidráulicas que hace el Consell deben gestionarlas los usuarios.
La reversión del embalse a la Generalitat acarreará, además, unos gastos, según los regantes, de 18.000 euros al año de dinero público, ya que hasta ahora el embalse se gestionaba a coste cero por los regantes. Lo que empezó como una reclamación de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l´Alacantí cuando reclamó la titularidad del embalse, acaba en una nueva guerra entre los agricultores y la Generalitat, pues Agricultura también ha desestimado el propio recurso de esta última, con lo que pretende asegurarse la fiscalización del agua que llega del Júcar. Tras asumir la propiedad embalse, Agricultura tampoco lo ha cedido, de momento, a los regantes del Medio Vinalopó y lo ha dado en explotación a la empresa Tragsa por un contrato inicial de dos años.
El Consell, entonces gobernado por el PP con mayoría absoluta, decidió en abril de 2015 ceder la gestión de los recursos hídricos del embalse del Toscar a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. La medida se encontró con la oposición de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó, adscrita a la Junta Central, pero que fue la que cedió los terrenos para la construcción del embalse.
De ahí surgió el recurso de reposición ante la propia Generalitat Valenciana reclamando la titularidad. Al final, sin embargo, la Generalitat ha fallado contra todos al asumir titularidad y gestión del embalse. La infraestructura costó 5,8 millones de euros que fueron financiados con fondos autonómicos. El embalse se construyó en unos terrenos próximos al término limítrofe con Salinas para cumplir una histórica reivindicación de los agricultores de la comarca. Es el más grande del Vinalopó, con capacidad para almacenar 900.000 metros cúbicos.
