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Los peajes colapsarán las localidades de la provincia al querer evitar el pago

La falta de recorridos alternativos y de circunvalaciones obligaría a abonar el coste que correspondiera a cada desplazamiento

Tráfico en la autovía A-7 entre Alicante y Murcia a su paso por la Vega Baja.

Tráfico en la autovía A-7 entre Alicante y Murcia a su paso por la Vega Baja. Tony Sevilla

La implantación de peajes en las autovías de la provincia podría colapsar las principales localidades de la demarcación al querer evitar pagar los conductores. Muchos tramos no tienen hoy por hoy una vía alternativa por la que poder realizar un mismo trayecto, como sí ocurre con las actuales autopistas de peaje. Además, apenas hay circunvalaciones de poblaciones que no sean la propia autovía. Por lo tanto, si estos itinerarios fueran de pago, no habría más forma de evitarlos que atravesando zonas urbanas, algo que probablemente terminarían haciendo parte de los conductores aunque las tarifas por utilizar las autovías fueran exiguas.

En los últimos días se ha extendido cierta inquietud ante la posibilidad de que se implanten peajes por circular por las autovías. No ha habido ninguna confirmación oficial al respecto, pero ha bastado con que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dejara caer en una entrevista que se podría considerar esa hipótesis. De alguna forma, el ministro recogía la reivindicación que desde hace algún tiempo viene haciendo la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Autopistas (Seopan) para que los conductores paguen por el uso de las autovías. Ya en 2017 esta entidad lanzó una propuesta similar.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, expuso el pasado junio en un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander la idea de que se cobraran 0,03 euros por kilómetro a los turismos y 0,14 euros a los vehículos pesados. En su intervención, cuya presentación se encuentra publicada en la página web de la patronal, Núñez defendió entre otros aspectos que el pago de peajes contribuiría de manera notable a financiar el mantenimiento de las infraestructuras, y que en la mayoría de países de la Unión Europea toda la red viaria de gran capacidad es de peaje.

El problema, en el caso de España en general y de la provincia de Alicante en particular, es que muchas autovías, sobre todo las más antiguas, se han construido sobre los trazados de carreteras nacionales y no se las ha dotado de vías de servicio alternativas. La A-31, ejecutada sobre la antigua N-330 hace ya tres décadas, es un ejemplo de ello. A día de hoy es imposible desplazarse de Alicante a Elda o Villena -e incluso a Albacete- si no es por la autovía o dando exagerados rodeos por carreteras locales. Lo mismo ocurre con la A-7 en dirección a Alcoy en algunos tramos, pese a que esta vía es mucho más moderna. Y si el desplazamiento es en dirección a Murcia, sí existe la posibilidad de ir por la N-340, pero atravesando Torrellano, Elche -la ronda sur no está completa-, Crevillent, Albatera, San Carlos -barrio de Redován-, un extremo de Orihuela y varias pedanías de este municipio, más un sinfín de núcleos en territorio murciano antes de llegar a su capital, lo que en la práctica hace inviable la idea.

Así, es probable que si finalmente se impusieran peajes en las autovías, la mayoría de los turismos las seguirían utilizando pese a la impopularidad de la medida. Eso sí, hay que considerar que el peaje tiene un efecto disuasorio por sí solo, aun siendo bajo. Por ello, cabe pensar que algunos optarían por buscar rutas más largas por carreteras secundarias o atravesar poblaciones, con lo que ello supondría para la seguridad vial.

Para los camiones, sin embargo, el gravamen sería mucho más importante y acarrearía un incremento de los gastos quizá difícil de afrontar en algunos casos. Un desplazamiento de Alicante a València, por ejemplo, costaría en torno a 22,40 euros por el itinerario más corto. Por ello, no es extraño que las organizaciones empresariales de transporte por carretera hayan rechazado de plano la idea, como ya hicieron en 2017.

Rifirrafe político a cuenta de la polémica medida

PP y Compromís cargan contra el cobro por utilizar vías ahora gratuitas mientras el Gobierno alega que es «una reflexión»

La posibilidad de que se impongan peajes en las autovías ha desencadenado una trifulca política en pleno mes de agosto. Partidos de la oposición han expresado su rechazo a esta medida y han cargado contra el Gobierno en funciones. Los tres diputados del PP en el Congreso por la provincia, César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar, han presentado una batería de preguntas en el hemiciclo para que el Ejecutivo «explique cuanto antes» si piensa implantar peajes en las vías que ahora mismo son gratuitas, y también si piensa poner en marcha «un pago simbólico» en la AP-7 una vez venza la concesión, el próximo 31 de diciembre. Los populares han instado al Ministerio de Fomento a «despejar de una vez las dudas» en torno a este tema y diga cuáles serían las vías afectadas y de qué manera. Además, han hecho hincapié en la «enorme contradicción entre lo que el PSOE asegura en campaña del gratis total» y la hipótesis que se lanza ahora sobre cobros por utilizar las autovías.

También en Compromís se han mostrado totalmente en contra de que se implanten peajes en las autovías y de que pueda mantenerse algún tipo de pago en la AP-7 a partir del 1 de enero de 2020. El portavoz de esta formación en el Senado, Carles Mulet, ha acusado al Gobierno en funciones de ser «desleal» hacia los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, quienes, considera, han contribuido a «mantener año tras año» la red viaria de toda España con los peajes de la autopista que recorre toda la costa desde Alicante hacia el norte. Asimismo, denuncia que «ahora, después de décadas de presión ciudadana, no han podido volver a caer en la tentación de volver a renovar la concesión, pero tiene que ser precisamente ahora cuando comienzan el debate sobre la aplicación de peajes blandos» en toda la red viaria.

Mientras tanto, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, no ha salido al paso de la polémica. Sí lo ha hecho la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien ha defendido que sólo se trata de «un avance de una reflexión que está haciendo el Ministerio» sobre cómo costear el mantenimiento de las infraestructuras, según recogió Europa Press, y que «tocará tomar una decisión» en algún momento aunque aún no hay nada claro al respecto. Al margen de esto, el senador socialista por Castellón Artemi Rallo ha recalcado estos días que «la AP-7 será gratuita en 2020», sin referirse al hipotético pago por utilizar otras vías.

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