La Fiscalía ha cuestionado la valoración que llevó al juez a absolver al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi de tres delitos de fraude fiscal y ha pedido a la Audiencia que revoque la sentencia, según han confirmado fuentes del Ministerio Público. El fiscal considera que hechos que se han declarado probados en la resolución bastaban para fundamentar una condena y cuestiona algunas de las valoraciones del magistrado, como por ejemplo que considerara que uno de los acusados firmara un aval sin ningún tipo de garantías de devolución de un millón de euros con el que exprimer edil zanjó la deuda que tenía con Hacienda; o que diera por probado que el hecho de que Alperi pudiera dejar su catamarán sin pagar ningún tipo de amarre en las instalaciones de Marina Deportiva se debiera a la especial relación del político con la familia del gerente del recinto y no a su cargo.
Como ya adelantó este diario, la Fiscalía pide la nulidad del juicio y que el exalcalde sea enjuiciado de nuevo por otro magistrado. La sentencia se dictó trece meses después y el Consejo General del Poder Judicial llegó a abrir expediente al titular del juzgado de lo Penal 6 de Alicante, Eugenio Alarcón, por los retrasos acumulados en su juzgado.
El exalcalde de Alicante estaba acusado de defraudar a Hacienda por el IRPF más de 682.000 euros durante los ejercicios 2007, 2008 y 2010 por ingresos de origen desconocido y por lo que se les pedía más de nueve años de cárcel. Junto a Alperi, en el banquillo se sentaban otros dos empresarios, Antonio Moreno y Antonio Solana a quienes se acusaba de haber ayudado a Alperi a cometer el fraude, simulando negocios de los que el exprimer edil se sirvió para ocultar a la Agencia Tributaria esos ingresos de origen desconocido y a quienes se pedían tres y seis años de cárcel, respectivamente. También se imputaba a Alperi un delito de cohecho impropio junto al gerente de Marina Deportiva Javier Palacio, por el amarre gratuito del catamarán.
La Fiscalía sostiene que el aval que le sirvió a Alperi para zanjar su deuda con Hacienda nunca iba a ser cobrado, motivo por el que el exalcalde tuvo que haberlo declarado al fisco al tratarse de un beneficio patrimonial. El Ministerio Público considera que no se trató de un préstamo, como sostenían los acusados, y que éstos no hicieron ni un solo movimiento para ejecutar el aval hasta el momento en que supieron que estaban siendo investigados por la Agencia Tributaria. Del mismo modo considera que todas las operaciones de venta de loterías, vinos y arte con los que el exalcalde trataba de justificar parte de sus ingresos tampoco quedaron acreditados en el juicio, donde los testigos ofrecieron explicaciones contradictorias y tampoco se aportó justificante alguno por estas operaciones.
En la apelación que la Fiscalía de Alicante se ha presentado ante la Audiencia, se incide en otra de las pruebas que debería haber valorado el juez como son los cambios societarios en la sociedad a cuyo nombre estaba inscrito el catamarán, operaciones que buscaban ocultar que el verdadero titular de la embarcación era el exalcalde de Alicante.
Desde el Ministerio Público se considera que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva ante la nula valoración de la prueba por parte del magistrado. El recurso ya se ha presentado ante el juzgado de lo Penal número seis de Alicante, aunque ahora deberá ser notificado a las partes para que se pronuncien sobre la petición. Una vez que el juzgado retome la actividad tras el paréntesis vacacional de agosto, se elevará a la Audiencia de Alicante donde un tribunal tendrá que decidir si hay base suficiente para declarar la nulidad del juicio, tal como pide la Fiscalía. En este proceso estaban también personado como acusación la Abogacía del Estado que ejercía la acción penal por la Agencia Tributaria, aunque no consta si se ha adherido a los recursos para pedir la nulidad de la sentencia. En caso de prosperar la petición del Ministerio Público, el juicio tendría que volver a celebrarse con un nuevo magistrado.
Una causa marcada por los retrasos judiciales
El proceso judicial a Luis Díaz Alperi por fraude fiscal ha estado marcado por los retrasos. La causa tuvo una instrucción ágil en el Tribunal Superior de Justicia a partir de 2013, dado el aforamiento de Alperi por ser entonces diputado autonómico. La dimisión de éste de las Cortes determinó que la causa se remitiera a Alicante en 2015, donde estuvo tres años esperando juicio y finalmente la sentencia se dictó trece meses después del final de la vista.
