La paciencia de los socorristas que trabajan en las piscinas de urbanizaciones particulares se acaba. Los cada vez más frecuentes casos de explotación laboral y denuncias de profesionales sobre las condiciones «deplorables» de estos profesionales ha puesto el foco de mira en la seguridad de los recintos. Según alertan numerosos trabajadores y extrabajadores del sector, quienes han preferido no revelar su identidad por miedo a represalias, la tendencia que siguen desde hace varios años la red de empresas privadas que gestiona la prestación de los servicios de socorrismo es la de contratar a gente cada vez más joven e inexperta y retribuirles con salarios «míseros», muy por debajo del convenio. Tal y como han relatado los afectados a este diario, si un trabajador formado debería cobrar un mínimo de 7,5 euros por hora, los sueldos que se ofrecen a los socorristas apenas superan los 4 euros.
El escenario se agrava cuando estas cantidades se ofrecen a gente con titulación y experiencia, que en pocos casos suele ser aceptada, lo que provoca que las mercantiles opten por contar con los servicios de gente sin titulación. Sin embargo, desde El Colegio de Administradores de Fincas afirman que «no tienen constancia» de que este escenario se de en las urbanizaciones gestionadas por un administrador. Añaden que su función es la de asegurar que los socorristas «cuentan con las licencias oportunas» y que estén asegurados contractualmente, pero «escapa de sus competencias lo que ocurre en los inmuebles que no tiene un administrador de fincas». Al respecto, algunos afectados señalan que su principal problema no obedece a «estar asegurados laboralmente, sino al cumplimiento de multitud de funciones que incrementan su jornada laboral sin luego percibir una mayor retribución».
Por ello, los profesionales del ramo califican de «intolerables» estas actuaciones por parte de las mercantiles y señalan que la política de las mismas termina de mermar a un sector «encargado de la seguridad y de las asistencias a los usuarios de las piscinas». Pero esto no ocurre solo en pequeñas comunidades de propietarios, sino en urbanizaciones conocidas en Alicante, Playa de San Juan, Mutxamel y Santa Pola, entre otras, donde sus empleados si que están asegurados pero «se ven obligados a trabajar más horas en tareas que no les corresponden, como ejercer de monitores o recoger los materiales», manifiestan las propias fuentes.
Dentro de estos recintos, varias fuentes aseguran a este medio que han sufrido accidentes laborales por el «nefasto estado» del mobiliario y la empresa «se ha desentendido de lo ocurrido»; problemas serios para la integridad de los trabajadores con amenazas e insultos por parte de los usuarios, incluso con un arma blanca de por medio; y, además, trabajan en piscinas con deficiencias en la seguridad de los bañistas provocadas por «una clara falta de mantenimiento que se prolonga años».
Asimismo, otra denunciante afirma que su jornada laboral se puede llegar a extender hasta 72 horas semanales, y también existe el testimonio de trabajadores que realizan jornadas laborales de 40 horas cuando por contrato solo están obligados a cumplir con 28.
«Las empresas no suelen pagar ni las horas extras ni los trabajadores solemos percibir dietas», sostienen varias fuentes.Por su parte, este periódico se ha puesto en contacto con una de las empresas afectadas, quienes no han querido hacer declaraciones. Incluso afirman que muchas optan por «no vaciar las piscinas cuando se encuentran heces humanas»
La situación por la que atraviesan numerosos profesionales del sector ha sido confirmada por La Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, quienes advierten que «hasta que la administración no intervenga por medio de las inspecciones laborales, este escenario no se solventará».
Fuentes de la entidad aseguran que La Generalitat Valenciana «destina cada vez menos recursos para potenciar los registros laborales», puesto que muchas denuncias caen en saco roto por la «inacción» de la administración valenciana. Reconocen, además, que la seguridad en estos recintos cada vez es menor por la escasa preparación de aquellos que trabajan durante los veranos en las piscinas. Salvamento y Socorrismo forma al año a unos 450 socorristas en la Comunidad, pero no puede controlar al resto de empresas privadas que se encargan de la explotación de las urbanizaciones, así como sus condiciones de trabajo y sus cursos de formación.
