Es el último recurso para quienes han agotado todo tipo de ingresos económicos, pero el gran retraso con el que se está tramitando la Renta Valenciana de Inclusión está llevando a la desesperación a miles de familias en la provincia. La situación afecta a distintos municipios de la provincia, en general los más grandes, pero es especialmente preocupante en la ciudad de Alicante, donde la asociación Marea Roja calcula que hay unos 5.000 expedientes en lista de espera. Sólo en el centro social número 4, que atiende a la Zona Norte de Alicante y los barrios más desfavorecidos, la plataforma asegura que hay 800 expedientes pendientes de revisar.
Números que son personas y que se traducen en demoras que van desde los seis meses -tiempo máximo que estableció la Conselleria de Igualdad para empezar a cobrar- hasta los 14. Durante toda esta semana, la plataforma, junto a asambleas de afectados de Elda, Elche, Petrer y Torrevieja, han habilitado un punto de información junto al edificio PROP de la Generalitat con el objetivo de hacer un censo de personas que estén esperando más de nueve meses las ayudas. Ayer fue el primer día de esta iniciativa y se inscribieron en el censo una quincena de personas.
Hasta este punto informativo se acercaron afectados por los retrasos, como Juan Gregorio, quien lleva esperando las ayudas desde diciembre del 2018. Este vecino de Petrer empezó a cobrar las ayudas en octubre del año pasado, pero se paralizaron al conseguir un empleo. Dos meses después, cuando finalizó el trabajo, pidió que se reactivaran y todavía no tiene noticias, «pese a que se supone que es un trámite automático en el caso de contratos inferiores a tres meses». Así las cosas, en casa de Gregorio las cosas son cada día más difíciles. «Tenemos problemas con los recibos de la luz, del agua. Hemos tenido que renunciar a comprar alguna medicación porque no llegamos y mi mujer tiene auténticos problemas psiquiátricos». Los centros sociales de los ayuntamientos son los encargados de tramitar en un primer momento la petición de las ayudas. En este sentido, Fernando Patón, portavoz de Marea Roja, critica que los centros sociales de la ciudad de Alicante están colapsados. «Muchas de las personas que trabajan allí tienen la sensación de estar siendo utilizados como muro de contención de una ley mal implementada».
Retraso en las ayudas
La concejala de Acción Social, Julia Llopis, reconoció ayer que existe un problema con la tramitación de esta ayuda, que achacó a que la subvención que da la Conselleria de Igualdad para la contratación de 69 trabajadores sociales «no llega hasta el mes de junio y finaliza en diciembre». Precisamente hoy Llopis se reúne con Mónica Oltra y éste será uno de los temas que se aborden. «Hay que darle la vuelta para hacerlo más ágil», señala Llopis, quien asegura desconocer cuántos expedientes hay acumulados. Algunos de los afectados concentrados ayer denuncian también que cuando están a punto de que venza el plazo para que la ayuda les sea concedida por silencio administrativo, les vuelven a pedir documentos.
