Los representantes de Escola Valenciana hicieron llegar ayer al Síndic de Greuges su «preocupación por la situación excepcional de acorralamiento que padece el valenciano en las comarcas del Sur», como señalaron en referencia a la Vega Baja.
Tras entregar al defensor del pueblo de la Comunidad un informe de denuncias sobre la vulneración de los derechos lingüísticos en la Comunidad, el presidente de la federación de asociaciones por la lengua, Natxo Badenes, ha propuesto además una campaña conjunta sobre «actitudes lingüísticas» con la colaboración tanto de la oficina del Síndic como de la Universidad de Alicante «para difundir entre el alumnado de los centros educativos los valores de convivencia y derechos lingüísticos, con el objetivo de resolver el conflicto lingüístico existente».
Por otra parte, la entidad remarca las buenas prácticas que «ya existen en los centros educativos de algunas comarcas alicantinas, en especial con su participación en las Trobades en Valencià del Bajo Vinalopó y el Bajo Segura, la asistencia a las sesiones de Cinema en Valencià o el Premio Sambori de literatura», como precisaron.
Los representantes de Escola también han pedido al defensor que «actúe de oficio ante los casos de vulneraciones lingüísticas que sufre la ciudadanía valencianohablante, porque supone un incumplimiento sistemático del Estatuto básico del empleado público».
Badenes concreta que el artículo 54.11 de la citada normativa establece que «el funcionariado tiene que garantizar la atención al ciudadano en la lengua que solicite, siempre que sea oficial en el territorio», y subraya la necesidad de que «todas las personas que quieran trabajar en las administraciones públicas valencianas tengan conocimientos de valenciano». Concluye que « la competencia lingüística garantiza el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su lengua y hace falta que el Consell asegure este derecho con el requisito lingüístico».
