A cuatro meses de que comience el juicio por los amaños del PGOUuno de los empresarios acusados, el ilicitano Ramón Salvador Águeda, llegó ayer a un acuerdo con todas las acusaciones y admitió que pagó 116.000 euros para que le recalificaran unos terrenos. Y que los abonó al bufete de abogados Salvetti, cuyos titulares también están encausados. A cambio, el promotor, que se declaró así culpable de un delito de cohecho, logró entre otros beneficios blindar su responsabilidad civil en 14.500 euros en un proceso que por este concepto, en caso de condena, se pueden alcanzar cifras millonarias a las que los penados tendrían que hacer frente de forma solidaria.
Logró esto y poner en una situación complicada, además de a los socios del bufete, al resto de los acusados, entre los que se encuentran los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz. A lo largo de un proceso penal que dura ya una década todos ellos han negado cualquier irregularidad en la tramitación de un planeamiento del que al final se acabó prescindiendo por el halo de sospecha que lo rodeaba.
Intentos de colaborar
El fiscal mantiene para Salvador Águeda la pena de tres meses de prisión que solicitaba, sustituible por una multa de 4.500 euros. Las otras dos acusaciones, la particular y la popular que se ejercen en nombre del Ayuntamiento de Alicantey de EU respectivamente, se avinieron a rebajar a esta misma pena los cuatro años de prisión que pedían.
El acuerdo de conformidad tiene fecha de ayer aunque los intentos de Salvador Águeda de llegar a un acuerdo con la Justicia se remontan a varios años atrás. El escrito firmado por el fiscal Felipe Briones y avalado por las dos acusaciones además de por la defensa de Ramón Salvador, recoge que el promotor recurrió al despacho que regentaba José Luis Castedo, hermano de la exregidora popular, y Javier Gutiérrez para conseguir que se le recalificaran unos terrenos que en la revisión del planeamiento que estaba realizando Jesús Quesada (el redactor del PGOU inicialmente encausado pero para quien se cerraron estas actuaciones) se declaraba como no urbano.
Se trata de una parcela situada en el Pla Xirau, cerca de la Rambla de Rambuchar, en el límite entre los términos de Alicante y San Vicente. Un suelo que era urbano en el PGOU de 1987 y que en los trabajos que Quesada presentó en 2008 dejaba de serlo.
Tras la estimación de la alegación elaborada por el bufete Salvetti, el suelo recuperó su condición de urbanizable. Unos trámites por los que Salvador pagó a los abogados 116.000 euros, según consta en el contrato que obra en la causa. Cantidad «a la que habría que añadir unos honorarios de éxito» que se harían efectivos una vez que las fincas volvieran a adquirir la condición de urbanas, según señala el fiscal Felipe Briones, quien destaca la condición de Gutiérrez como «abogado urbanista colaborador en la redacción del PGOU». En el planeamiento aprobado provisionalmente en abril de 2009 la parcela de promotor de Elche figuraba como «suelo urbano sujeto a actuación integrada».
Denuncia de presiones
En una de sus declaraciones en fase de instrucción, Salvador Águeda aseguró ante el magistrado Manrique Tejada que recibió presiones para que pagara comisiones por el PGOU. Éstas se habrían producido durante al menos tres reuniones en las que estuvieron presentes las autoridades municipales que después fueron acusadas. Dos de ellas se mantuvieron con Alperi, la primera cuando todavía era alcalde y la segunda cuando ya había dejado el cargo, en la que le manifestó que a pesar de que no estar al frente del Ayuntamiento seguía controlando el Urbanismo de la ciudad. Ambos encuentros fueron comidas, según explicó, pagadas por Alperi y en las que éste le planteó al promotor que «tenía que ayudar».
El tercero de los encuentros se habría producido en el Ayuntamiento de Alicante ante la entonces alcaldesa Sonia Castedo, su hermano José Luis y Gutiérrez. En ella, tras hacer una visita por las dependencias municipales, se le planteó que hacía falta dinero para un estudio de impacto ambiental y que «había que terminar con el monopolio urbanístico de Ortiz»·. Según declaró Salvador, al inicio de la reunión, Gutiérrez le dijo a la entonces regidora que su cliente «ya lo sabía todo» y que ésta no llegó a intervenir.
El ilicitano validó una escucha donde Ortiz habla del plan
El promotor Ramón Salvador Águeda confirmó ante el juez durante la instrucción haber mantenido una conversación en la que el empresario Enrique Ortiz le dijo que tenía los planos del futuro planeamiento urbanístico de Alicante meses antes de que se hicieran públicos aunque, según puntualizó entonces, él desconocía que fuera información reservada y solo le interesaba si disponía de los de sus terrenos. Ortiz le dijo que tenía todos menos el de él.
