El concejal de Limpieza, Manuel Villar (PP), desveló ayer que el vertedero de Alicante tendrá que asumir más basura procedente de municipios de la Vega Baja. En el año 2018, últimas cifras publicadas en la web del área de Medio Ambiente, la planta trató 150.205 toneladas de residuos, de los que un 14%, -casi 21.000 toneladas- procedían de la Vega Baja (114.554 correspondieron a la ciudad de Alicante). El anuncio se conoció durante la primera sesión de la comisión de limpieza viaria y recogida de basura, que se celebró ayer, unos cinco meses después de que el Pleno aprobase por unanimidad la creación del órgano.
Eso sí, el concejal no dijo cifras ni fechas, ni siquiera aproximadas. Villar explicó que la Generalitat Valenciana ya ha anunciado al gobierno municipal «de viva voz» que deberá abrir las puertas de la planta a más residuos del sur de la provincia, aunque todavía no ha concretado cantidades ni fechas. La situación se deriva de la decisión de Murcia de cerrar sus vertederos a residuos de la Vega Baja, según fuentes municipales.
Antes de conocer las toneladas extra que empezarán a llegar de municipios de la Vega Baja, el concejal afirmó que el Centro de Tratamiento de Residuos tiene una vida útil de cuatro a cinco años más, aunque otras fuentes municipales extienden la capacidad hasta dentro de siete años más.
Respecto al tratamiento de los residuos, el edil Villar sostuvo ayer que Alicante «va a ser de los primeros municipios de la Comunidad en contar con un Plan Local de Residuos y un proyecto de gestión del Plan Zonal de Residuos de la Comunidad Valenciana». Eso sí, todo dependerá de que puedan surgir contratiempos durante la tramitación administrativa, en alusión a recursos que puedan presentarse y que retrasen el proceso. De no llegar a tiempo -un escenario que el gobierno local ni se plantea-, el concejal subrayó ayer que se tendrá que prolongar un contrato que finaliza en septiembre de 2021. Tanto los partidos que ahora forman parte del gobierno (PP y Cs) como los que están en la bancada de la oposición (los exsocios del tripartito y Vox) coincidieron durante la campaña en defender que no querían prorrogar el contrato, pese a que la UTE (formada por FCC, Ferrovial y dos empresas de Enrique Ortiz) sí pretende acogerse a una cláusula del pliego para extender el contrato durante dos años más.
A la espera
Por otro lado, el concejal de Limpieza reveló ayer que Urbanismo tiene bloqueado desde 2014 la licencia solicitada por la UTE para construir un parque auxiliar en Playa de San Juan para optimizar el servicio, ya que permitiría que vehículos que trabajan en la zona no tuvieran que desplazarse a diario hasta el Pla de la Vallonga.
En su día, el tripartito calculó que esa instalación -incluida en el pliego y por la que el Ayuntamiento pagará un total de un millón de euros a la concesionaria- permitiría aumentar el servicio en 3.500 horas anuales. Sin embargo, la licencia sigue paralizada en Urbanismo, según aseguró ayer el edil y confirmaron fuentes de la empresa. De no ejecutarse la infraestructura, el gobierno descontará ese dinero de las certificaciones mensuales, según el concejal de Limpieza, quien advirtió de que el anunciado aumento del contrato (en torno a un millón de euros al año) está a la espera de que se apruebe el Presupuesto de 2020, que todavía está a la espera del visto bueno de Intervención.
