Los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Alicante consideran que el reconocimiento de los presuntos amaños en el planeamiento urbanístico de la ciudad por parte del empresario Enrique Ortiz deja en muy mal lugar a las administraciones de los exalcaldes Luis Diaz Alperi y Sonia Castedo, a la vez que acusan al empresario y al PP de arruinar las arcas públicas, y apuntan al actual regidor, Luis Barcala, que formó parte del gobierno de Castedo.
El portavoz socialista, Francesc Sanguino, sostiene que el hecho de que Ortiz haya admitido cohecho y tráfico de influencias «pone en evidencia los cimientos sobre los que se ha edificado la manera de gobernar del PP de Alicante durante demasiados años». El PSOE espera la autocrítica de los populares y del alcalde Barcala, «ya que se sentaba en las juntas de gobierno de la alcaldesa y levantaba la mano en favor de sus iniciativas en el pleno». Ortiz ha llegado a una conformidad con las acusaciones en la causa del PGOU de Alicante por la que, a cambio de no ingresar en prisión, admite los presuntos amaños del planeamiento.
El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, considera evidente que Ortiz y el Partido Popular «arruinaron las arcas públicas , especularon con el patrimonio de la ciudadanía y convirtieron Alicante en un circo». López recordó que « Castedo dijo hace 8 años que demostraría su inocencia en diez minutos, pero lo único que se ha demostrado es que permitió el amaño del PGOU. Barcala formaba parte de ese gobierno, es corresponsable de lo sucedido».
Compromís insta al actual alcalde a pedir perdón tras la confesión de Ortiz sobre los amaños del PGOU en el mandato de Castedo cuando ya era concejal. El portavoz de la formación, Natxo Bellido, cree que con la confesión de Ortiz «se va cerrando el círculo de la corrupción promovido por el gobierno del PP» y cree que el dinero «que se escapó por el saco sin fondo de la corrupción», ahora sería necesario en la crisis sanitaria.
Miguel Ángel Pavón exvicealcalde y exconcejal de los grupos municipales de EU y de Guanyar Alacant entre 2011 y 2019, desde los que denunció la corrupción del PP municipal vinculada a la pieza del caso Brugal del amaño del Plan General de Alicante, recordó ayer que fueron los primeros en personarse como acusación popular «y los únicos en mantenerla hasta el final tras la espantada del PSOE en la etapa final de Echávarri como alcalde, presentando en febrero de 2018 nuestro escrito de acusación».
Recordó que entre 2011-2015 su labor de oposición se centró en denunciar la corrupción urbanística, «consiguiendo que Castedo dimitiera y que se desistiera de la tramitación de un plan bajo sospecha. El pasado mandato, desde el gobierno, conseguimos que el Ayuntamiento se personara como acusación particular para defender los intereses generales frente a los privados de Ortiz», señala Pavón. «La conformidad de Ortiz supone certificar que varios gobiernos municipales del PP le favorecieron en perjuicio de los intereses públicos de la ciudad.Sólo queda que los máximos responsables de esos gobiernos, Alperi y Castedo, sean condenados».
La exalcaldesa Sonia Castedo, a preguntas de este diario, no quiso ayer valorar el acuerdo entre Ortiz y las acusaciones.
