El acuerdo alcanzado entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el departamento de Educación para, en caso de ser necesario, el traslado forzoso de personal de una conselleria a otra (de la segunda a la primera) contempla ventajas para el funcionariado que pueda acreditar el conocimiento del valenciano.

Así consta en el baremo que regula el documento pactado entre ambas consellerias y que tiene por objetivo suplir los déficits de personal que ante la situación de alarma sanitaria se está encontrando Igualdad en sus centros sociales.

Mónica Oltra ha optado por un acuerdo bilateral con su homólogo y también miembro de Compromís, Vicent Marzà, para el trasvase a su conselleria de determinados colectivos, como personal de limpieza, de educación especial, enfermería, etc, que con el cierre de los centros educativos tienen menor carga de trabajo y podrían hacer funciones en el área social.

La movilidad forzosa del funcionariado es jurídicamente complicada, por lo que se ha acudido a una vía amparada por la ley de función pública pero prácticamente inexplorada por parte de la Generalitat. De hecho, no existen precedentes más allá del plan de empleo para el Prop que se realizó hace casi una década.

El acuerdo, que tendrá que ser informado favorablente por Función Pública, en concreto por la Secretaría Autonómica de Administraciones Públicas en manos de Podemos, regula cómo se hará este trasvase. Y no todo el colectivo se encuentra en la misma situación de partida, tanto si decide voluntariamente traslarse temporalmente de puesto, como si no lo desea.

Si hay personas voluntarias, el acuerdo suscrito entre Políticas Inclusivas y Educación, las funcionarias de carrera tendrán prioridad sobre las que están ocupando el puesto de forma interina. El problema viene si, como todo apunta, no hay voluntariedad. Para objetivizar el proceso, las conselleries citadas han pactado un baremo de puntos, de tal manera, que aquellos que menos puntos tengan serán los primeros es ser movilizados.

En el caso de traslados fozosos, los funcionarios de carrera tienen ventaja, ya que los primeros en ser llamados serán los interinos. La selección entre ambos grupos se hará en función de una serie de criterios, de tal manera que aquellos que obtengan más puntos podrían escapar a la mudanza. Además, también se tendrá en cuenta la próximidad al nuevo centro de trabajo.

El baremo será el siguiente, según el acuerdo ya firmado y pendiente de la firma de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas: Acreditar tener un menor de doce años a cargo o cuidar a un familiar podrá otorgar 15 puntos, mientras que la antigüedad se valorá hasta un máximo de diez. En tercer lugar, está el conocimiento del valenciano que se valorará hasta con cuatro puntos, en función del nivel acreditado.