La nulidad de las escuchas telefónicas en el caso de la contrata de la basura en el Ayuntamiento de Orihuela no conllevará la anulación automática del resto de las piezas separadas del llamado caso Brugal. En cada uno de los asuntos que quedan por juzgar se planteará al inicio del juicio la nulidad o no de los pinchazos y cada tribunal decidirá. Las causas judiciales derivadas de las escuchas acordadas por el juzgado número tres de Orihuela, entre mayo de 2007 y mayo de 2010, han quedado seriamente tocadas porque se ha anulado el procedimiento del que nació toda la investigación que se desgajó en una veintena de piezas separadas.
En estos momentos, están pendientes de juicio en diferentes secciones de la Audiencia de Alicante tres macrocausas derivadas de las escuchas telefónicas del caso Brugal: la tramitación del Plan General de Alicante; las presuntas irregularidades en la planta de basuras del empresario Ángel Fenoll en Calp; y los supuestos amaños en el Plan Zonal de la Vega Baja para decidir la ubicación del vertedero de basuras en esta comarca. Con independencia de lo que decida cada tribunal, también habrá que esperar si la Fiscalía o las acusaciones llevan ante el Supremo las nulidades dictadas ahora por la Audiencia y si éste avala o no esta decisión.
El primero de estos juicios, el del Plan General de Alicante, arrancará precisamente el 30 de junio con una vista para que las defensas planteen cuestiones previas, entre las que se encuentra la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se ha basado el caso. Entre los acusados se encuentran los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi a quienes se imputa haber recibido dádivas del empresario Enrique Ortiz a cambio de datos del futuro planeamiento urbanístico de Alicante.
El panorama judicial de ambos se había complicado a raíz de que el empresario Enrique Ortiz hubiera alcanzado a mediados del pasado mes de abril y en pleno estado de alarma un acuerdo con la Fiscalía por el que se declaraba culpable de los delitos que se le imputaban, aceptando una condena de dos años de prisión y el pago de cerca de un millón y medio de euros en concepto de multas y de responsabilidad civil. Su hermano, otro empleado y el promotor Ramón Salvador también han firmado acuerdos con la Fiscalía. El letrado de Salvador, Miguel Torres, fue el artífice de estos acuerdos.
Algunas defensas recuerdan que los indicios que dieron pie a la investigación fueron «hallazgos casuales» durante las pesquisas de Orihuela. La tesis de las defensas es que si los pinchazos de la causa principal son nulos, debe anularse automáticamente todo lo que derivó de ellos. Por su parte, el abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, preguntado sobre el alcance de la sentencia de la Audiencia de Elche en el resto de los asuntos de Brugal, se limitó a asegurar que «en España, los jueces están sometidos al imperio de la Ley y eso es una característica propia del Estado de Derecho».
El precedente de Autisa
Sin embargo, las mismas magistradas que en junio van a enjuiciar las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU ya dictaron una sentencia en marzo del año pasado en otra pieza derivada del caso Brugal, una estafa en la mercantil Autisa, en la que se daban por buenos los pinchazos telefónicos del juzgado de Orihuela. Las escuchas por las basuras de Orihuela puso a la Policía sobre las presuntas irregularidades en la mercantil del empresario Rafael Gregory. Las magistradas Montserrat Navarro, María Cristina Costa y Margarita Esquiva dieron por bueno el auto judicial que autorizó por primera vez las escuchas al teléfono del empresario Ángel Fenoll y que dieron lugar a toda la causa. El fallo consideraba la medida «proporcional a la gravedad de los delitos investigados». Pero la resolución tampoco fue un capote para las acusaciones. Advertía de que había delitos por los que no podía condenar a algunos acusados porque los autos del juzgado no autorizaba expresamente usar las escuchas para investigarlos, motivo que derivó en la absolución de doce de los quince acusados. El fallo también avisaba de que había detectado posibles causas de nulidad en otras causas, pero como no afectaban a ese procedimiento no se pronunciaban.
La Audiencia está buscando una sala para poder celebrar el juicio del PGOU, ya que se necesitan unas dependencias lo suficientemente amplias para garantizar las distancias de seguridad. Celebrada la vista para cuestiones previas, el 7 de julio será el turno para que las acusaciones contesten y se prevé reiniciar la vista desde el 23 de septiembre al 12 de noviembre.
Pero el PGOU no es la única causa vinculada con Brugal en el horizonte. La Audiencia ha señalado para el 21 de enero del año próximo el proceso por la trama de las basuras de Calp, en el que se acusa a distintos responsables municipales de este Ayuntamiento acusados de beneficiar a Ángel Fenoll al permitirle facturar pesajes inflados de los residuos que entraban en la planta de Colsur en este municipio. Entre los ocho acusados, además de Fenoll, están el exalcalde de Calp, Javier Morató y el exedil y exdiputado provincial Javier Roselló. La vista oral se ha repartido en diez sesiones entre el 21 de enero y el 16 de marzo. Una vez allí, la nulidad de las escuchas se planteará en el arranque de la vista, ante un tribunal en el que estarán dos de las magistradas del caso del PGOU, Cristina Costa y Montserrat Navarro.
Y en la sección desplazada a Elche de la Audiencia, aún sigue sin fecha de juicio la causa por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de la Vega Baja y en la que, entre otros, está acusado el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. La fecha estaba condicionada a cuando terminaran los juicios a Ortiz y a Fenoll, ya que los dos empresarios se sientan también en el banquillo en esta causa.
