Un día de finales de marzo de 2006 Ángel Fenoll, conocido empresario de los residuos urbanos, decidió romper la baraja. Entregó a la Fiscalía Anticorrupción grabaciones de audio y vídeo en las que aparecían cargos públicos aceptando supuestamente sobornos y reconociendo gestiones, supuestamente también, al margen de la ley, para amañar contratos públicos. La estrategia mediática -Fenoll siempre ha sabido manejar muy bien los tiempos periodísticos- tuvo sin embargo un giro argumental imprevisto para el empresario que, como había hecho otras veces con cierta temeridad, buscaba poner en el punto de mira la contrata de basuras que estaba a punto de perder en el Ayuntamiento de Orihuela. No tardó la decisión del fiscal anticorrupción de abrir una investigación y autorizar la intervención de los teléfonos del empresario y de su entorno. De la mano del propio Fenoll se abrió así el primer capítulo del llamado caso Brugal, al que atribuyeron el acróstico policial, quizás más mediático que real, de «Basuras Rurales Gestión Alicante». Un año después, cuando resonaban todavía los ecos de la celebración de la primera (y única) victoria electoral de la popular Mónica Lorente en las elecciones municipales de mayo de 2007, la Policía Nacional realizó un amplio despliegue y detuvo al empresario, a su hijo Antonio Ángel y a su entonces infatigable lugarteniente, Javier Bru. El dispositivo incluyó el registro de sus despachos en el vertedero de La Murada. Era la culminación de la primera fase de la ya bautizada como Operación Brugal. En ese momento se desataron las especulaciones sobre las implicaciones de una intervención policial sin precedentes en la Vega Baja. Los implicados entendieron que la investigación paraba ahí. Se equivocaban.
En julio de 2010, quedó en la retina de muchos vecinos como el día en el que la Policía Nacional ocupó las dependencias del Ayuntamiento de Orihuela y de la Diputación para registrar los despachos de la alcaldesa Mónica Lorente, de varios de sus concejales y del entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. Tres meses después el juez responsable de la causa -que había pasado ya por manos de hasta seis magistrados, la mayoría sustitutos-, decidió levantar el secreto de sumario con una de la intervenciones telefónicas más prolongadas de la historia judicial española. De ahí se decidió el despiece del Brugal en más de una veintena de causas, la mayor parte archivadas ya.
La de las basuras de Orihuela, a la vista está, no tendrá consecuencias penales pero ha puesto en duda la transparencia de la gestión de la administración de la Vega Baja y su más que cuestionable relación con algunos empresarios.
