Objetivo: las escuchas del caso Brugal. Las defensas en la causa de los presuntos amaños en el Plan General de Alicante se aferraron ayer a la sentencia dictada por la Audiencia en Elche declarando nulos los pinchazos para extrapolar aquella situación a ésta. Pero se encontraron con una advertencia de la sala: «una sentencia que no es firme, no va a vincular a este tribunal». Así de rotunda lo aseguró la presidenta, Montserrat Navarro.
La Audiencia Provincial celebró ayer la segunda sesión dedicada a las cuestiones previas por las presuntas irregularidades en la tramitación del planeamiento urbanístico de la ciudad. En el banquillo se sientan, entre otros, los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y el promotor Enrique Ortiz. Ayer terminaron de informar las defensas sobre sus peticiones de nulidades y el próximo 17 les darán la réplica los fiscales Anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero, así como las acusaciones que en nombre del Ayuntamiento y de EU ejercen José María López Coig y José Luis Romero respectivamente.
Durante toda la mañana se repitió en varios de los informes que la sentencia de Elche había invalidado las escuchas del caso Brugal porque los indicios en los que se apoyaba eran grabaciones realizadas por el empresario Ángel Fenoll que habían sido manipuladas. En este momento, la magistrada emplazó a las defensas a que aclararan en qué se basaban para hacer esa afirmación y recordó a los letrados que la sentencia dictada en Elche no vinculaba al tribunal. Las defensas no dejaron de recordar que en la citada resolución se hablaba de hasta 157 cortes. Las peticiones de nulidad de las escuchas telefónicas derivadas del caso Brugal fueron comunes en todos los informes.
El abogado del promotor Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, achacó a la Fiscalía y a la Policía irregularidades en la instrucción de la causa por haber ocultado a los jueces de Orihuela que autorizaron las escuchas del caso Brugal que en Alicante otro juzgado había denegado la petición para intervenir el teléfono del promotor. «Se cometió un fraude de Ley», sostuvo. «¿Se hubiera autorizado la escucha por el juez de Orihuela de haber sabido la decisión de su compañero en Alicante?», se preguntó el letrado. Ruiz Marco insistió en que se había vulnerado la competencia de los juzgados de Alicante permitiendo que se investigaran en Orihuela hechos relativos a un plan urbanístico de otra ciudad. Una situación que se mantuvo durante dos años, dijo.
Velar por la legalidad
En este sentido, recordó que el Ministerio Público era el encargado de velar por la legalidad del proceso, «sobre todo cuando la causa estaba declarada secreta». El letrado tildó la situación de «dramática», hasta el punto de que «hay gente a la que se le ha destrozado la vida desde hace diez años».
«Desde el principio se tenía muy claro que estos hechos no se iban a juzgar junto con los referidos al Plan Zonal», la otra de las piezas del caso Brugal en la que está acusado el promotor, aseguró Ruiz Marco. El letrado recordó que toda la investigación por el Plan Rabasa se archivó sin enviar la causa a juicio, recalcando que se trataba de «hechos muy similares a éstos». Durante el tiempo en el que las escuchas estuvieron vigentes, se fueron añadiendo nuevas líneas de investigación, incluso por eventos ocurridos en otras provincias como Murcia y Madrid. «Si tan claro estaba, tendría que haber sido competencia de la Audiencia Nacional», apostilló.
El letrado cuestionó el hecho de que los CD con los pinchazos entregados por la Policía no se corresponden con los aportados al juzgado. En este punto de la exposición trascendieron dos datos: en la causa hay cerca de 50.000 llamadas de Enrique Ortiz, de las cuales la Fiscalía ha seleccionado de 354 para este juicio. Asimismo, Ruiz Marco también impugnó la orden del registro de las oficinas de su clientes dado que en la citada resolución nada se decía de las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General y solo se autorizaba para los hechos relativos al Plan Zonal de la Vega Baja, que se estaba investigando en Orihuela y pendiente aún de juicio.
Excluir la conformidad
Por su parte, el letrado Bernardo del Rosal, que defiende a los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, pidió excluir del proceso el acuerdo de conformidad cerrado entre las acusaciones y el promotor Ramón Salvador. Este empresario es el único de los acusados que se ha mantenido en el pacto alcanzado con la Fiscalía por el que acepta una condena de tres meses de prisión a cambio de admitir que pagó para que le recalificaran suelo que no era urbanizable en el planeamiento urbanístico bajo sospecha. Del Rosal recordó que el propio juez de Instrucción tildó de «sainete y cortina de humo» la declaración judicial en la que Salvador sostuvo que le reclamaron el pago de comisiones desde el Ayuntamiento de Alicante. A juicio del letrado, las conformidades parciales no son válidas y ésta vulnera el derecho de defensa de Castedo y Gutiérrez.
El letrado impugnó que se acuse al hermano de la exalcaldesa y al exedil socialista de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos al considerar que ni tenían la condición de funcionarios públicos, ni llegaron a resolver las alegaciones que se presentaban a la revisión del Plan General, como sostienen las acusaciones.
Además de pedir la nulidad de toda la investigación, la defensa del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi sostuvo que, pese a que en ningún momento se ordenó la intervención telefónica de su terminal, el fiscal había usado hasta un total de 82 conversaciones telefónicas que éste mantuvo con Ortiz para acusarle, vulnerando su derecho a la intimidad. El letrado cuestionó la legalidad de que se le investigara porque en aquellos años Alperi era diputado autonómico y, por tanto, aforado, por lo que la causa debería haberse remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ). Según su argumentación, cuando años después se envió el proceso al TSJ los indicios eran los mismos que al principio.
Piden la expulsión de la causa de las acusaciones
La defensa de los letrados Gutiérrez y Castedo sostiene que no hubo perjuicio al Ayuntamiento por la actuación
La defensa de José Luis Castedo y Javier Gutiérrez pidió ayer la expulsión de las acusaciones particular y popular en la causa del PGOU que en nombre del Ayuntamiento de Alicante y de Esquerra Unida ejercen José María López Coig y José Luis Romero, respectivamente. El letrado Bernardo del Rosal sostuvo que no existe relación alguna entre lo que se imputa a sus defendidos con el gasto que pudo suponer para la corporación el PGOU malogrado. La defensa incidió en que los trabajos encargados por Laboratorio de Proyectos para el Ayuntamiento se realizaron y que se rescindió el contrato de mutuo acuerdo.
