La oposición en bloque (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox) ha pactado las conclusiones de la comisión de investigación del contrato de limpieza de colegios, en las que coinciden en la existencia de incumplimientos. Así, el bipartito de Alicante (PP y Ciudadanos) se queda en minoría en la votación del próximo viernes, en la que se prevé sea la última sesión de la comisión.

En el texto acordado por toda la oposición se incide en la "existencia de ingente cantidad de documentación que prueba los incumplimientos de la contrata en cuanto a la calidad del servicio, los incumplimientos de la contrata en cuanto a las horas contratadas y las realizadas" y que certifica "que la contrata no ha atendido a los requerimientos de los funcionarios del Ayuntamiento". Todas esas conclusiones, añaden, se han "corroborado con las declaraciones". Además, se enfatiza en la "demora injustificada en la convocatoria de la comisión, ya que a pesar de ser

aprobada en septiembre del 2019 no se convoca hasta el 17 enero del 2020, expirando el contrato el 8 de febrero de 2020". Además, se apunta a a "la entrega parcial de la documentación".

Por otro lado, el documento con las conclusiones de la oposición añade que "los centros escolares han denunciado numerosos incumplimientos del contrato en numerosas ocasiones y de forma reiterada desde mayo de 2018" y que "todos los funcionarios que han denunciado que no se cumple el contrato han sido apartados". En esa línea, la oposición critica que "no se ha exigido el control presencial de los trabajadores y se ha permitido que la concesionaria no responda". Sobre las sanciones, los grupos apuntan a que la "capacidad de imponer penalidades o sanciones deviene imposible por la situación de tener este servicio sin contrato desde febrero y haberse expirado incluso la garantía, pudiendo actuar únicamente sobre la garantía definitiva o las certificaciones que vayan quedando pendientes". Así, la oposición entiende que "los incumplimientos de la UTE no pueden quedar impunes y que sus incumplimientos se han de valorar económicamente a fin de detraer las cantidades de las certificaciones que se sigan emitiendo o de la garantía definitiva o bien, en caso de poder llevarse a cabo, que se proceda a su valoración en horas que se prestaran en el inicio del curso escolar para garantizar la salud de los escolares y del profesorado".

Reacciones

Desde el PSOE, Francesc Sanguino recuerda que "el Grupo Municipal Socialista llevó a iniciativa del pleno la constitución de esta comisión de investigación y las conclusiones demuestran el absoluto descontrol de esta contrata por la que estamos pagando para los próximos años 40 millones de euros". De las conclusiones, Sanguino destaca "que la propia empresa aporta una documentación en la que se reconoce que no se cumplía con el pliego. Se confirman que había empleados que trabajaban al mismo tiempo en dos estancias diferentes, no se ha garantizado el control de horas, no ha tenido el mínimo interés en hacer cumplir a la adjudicataria con el contrato, no ha sancionado dichos incumplimientos y ha demostrado el desinterés de Barcala para hacer que se cumpla este contrato". El PSOE entiende, según un comunicado, que "los incumplimientos de la UTE no pueden quedar impunes y que sus incumplimientos se han de valorar económicamente a fin de detraer las cantidades de las certificaciones que se sigan emitiendo o de la garantía definitiva".

Desde Unidas Podemos, Xavier López asegura que "existe unanimidad entre la oposición en que la contrata de limpieza de colegios ha sido muy deficiente". "Nos preocupa que sea la misma UTE la encargada de la limpieza en tiempos de Covid. El pliego nuevo además empeora el anterior", apunta López.

Por su parte, desde Compromís, Natxo Bellido espera que "las conclusiones sean asumidas por el conjunto de la Comisión" y destaca que "se pone de relieve la gran cantidad de incumplimientos al pliego de condiciones del contrato y las reiteradas denuncias a la ejecución del del contrato que se han producido en estos dos años, sin que esto haya significado por parte del órgano de control, la Concejalía de Infraestructuras, ninguna sanción o medida punitiva ni en el transcurso, ni en la finalización del contrato". De hecho, "no se puede entender que la falta de un dispositivo de control del personal, que era una obligación contractual básica para poder fiscalizar una contrata donde más del 80% de su valor son los costes de personal, no se haya puesto en marcha por parte de la UTE que gestionaba el contrato".

Desde Vox, Mario Ortolá señala que "la conclusión más importante que se puede sacar es la falta absoluta de diligencia de la que muchas veces adolecen las administraciones públicas". "El dinero público está para invertirlo en servicios y fiscalizar muy bien los mismos. Y no se ha hecho como se debería. Por ejemplo, el control horario, obligatorio en el pliego y parte esencial del contrato para fiscalizar su ejecución y en ningún momento se ha exigido su cumplimiento", ha añadido.