«Existe ingente cantidad de documentación que prueba los incumplimientos de la contrata en cuanto a la calidad del servicio, al igual que prueba los incumplimientos en cuanto a las horas contratadas y las realizadas». Así consta en el documento de conclusiones de la comisión de investigación del contrato de limpieza de dependencias municipales y colegios, aprobado ayer con el voto a favor de la oposición (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox) y el rechazo del gobierno municipal (PP y Ciudadanos). El texto que se llevará a pleno incluirá las conclusiones pactadas por la oposición y un voto particular del bipartito. El contrato finalizó el pasado mes de febrero sin sanciones por parte del Ayuntamiento de Alicante.
En la sesión, los grupos defendieron sus conclusiones a una comisión que echó a andar a principios de año. Desde la oposición, la socialista Llanos Cano criticó la «falta de voluntad» del bipartito en investigar los hechos, y en «volcar en el nuevo pliego lo aprendido durante la comisión». Además, recordó que «todos los funcionarios que han denunciado incumplimientos [del contrato] han sido apartados». Desde Unidas Podemos, Vanessa Romero lamentó la falta de colaboración del principal concejal responsable del servicio durante el periodo investigado: el hoy exedil popular Israel Cortés, que no quiso comparecer ante la comisión. Por su parte, Natxo Bellido (Compromís) destacó que la comisión ha permitido revelar «carencias y fracasos» del Ayuntamiento, «que afectan al control de las contratas». A su juicio, «no se ha fiscalizado bien este contrato», en alusión a la limpieza de colegios. Por último dentro del bloque de la oposición, Mario Ortolá (Vox) hizo hincapié en uno de los principales incumplimientos de contrato: «El control de asistencia de los trabajadores». Bajo su criterio, «es un incumplimiento notorio, que no se ha intentado solucionar ni desde la empresa adjudicataria ni desde el Ayuntamiento».
Desde el bipartito, la visión fue otra, como en el desarrollo de toda la comisión de investigación. El edil José Ramón González (PP) se escudó en la «libertad de los técnicos» a la hora de imponer sanciones, en alusión a responsables del contrato y, sobre todo, al jefe de servicio. «No vamos a presionar a los técnicos, no vamos a prevaricar. Vemos distintas realidades, porque ustedes son oposición y nosotros gobierno y trabajamos según los técnicos», añadió González. Por último, Antonio Manresa (Ciudadano), defendió que el contrato «nace viciado por el pliego» [elaborado durante la etapa del tripartito de izquierdas], aunque también añadió que «la comisión ha demostrado que las disputas internas en la concejalía [entre funcionarios] han hecho más daño que el pliego». Manresa insistió en que «46 de los 48 expedientes de incumplimientos fueran de la misma persona», en referencia a una inspectora que fue finalmente apartada de su cargo. En el voto particular del bipartito se mantiene que «de las evidencias existentes no se desprenden incumplimientos graves del contrato».
