Después de un mes de agosto en el que no han tenido prácticamente vacaciones por el cumplimiento de los plazos, para adelantar trabajo atrasado por culpa del covid, los letrados alicantinos se están organizando, a través del Consejo General de la Abogacía, porque, como el resto de profesionales de todo el Estado, están muy preocupados a raíz de las propuestas legislativas que se vienen conociendo en relación a los modelos de reorganización y funcionamiento de la Justicia que se van a implementar a consecuencia de la pandemia.«Se transmite la sensación de que se quiere prescindir de la presencia de la abogacía en los juzgados y tribunales. Porque esta es la idea que parece subyacer tras propuestas tales como el establecimiento de sistemas no presenciales de atención a los profesionales, el mecanismo de la cita previa para acudir a las sedes judiciales o la generalización indiscriminada de la telematización de las actuaciones procesales». Todas estas son rechazadas de plano y todo hace pensar que van a entrar en una confrontación directa con el ministro Juan Carlos Campo pues llueve sobre mojado.
Ya el pasado mes el responsable político caldeó los ánimos al asegurar, en una declaraciones, que la habilitación de agosto, a efectos procesales, era una «decisión adoptada por todos por unanimidad». Los letrados aseguran que en relación a este acuerdo, siempre han mostrado, «su frontal y más enérgico rechazo, proponiendo como solución más eficaz la concentración del periodo vacacional de todos los profesionales de la Justicia en agosto», excepto las actuaciones urgentes. Algo que no se produjo y que les abocó a estar pendientes, como también le ocurrió a los procuradores, de cualquier notificación que les llegara a su correo porque a partir de ese momento comenzaban a correr los plazos.
Ninguneados
Los letrados se sienten ninguneados porque estos requerimientos judiciales, a los que tenían que dar salida en cuestión de días, no se resolverán en muchos casos antes de dos, tres o cuatro meses, pero desde el Ministerio de Justicia era obligado que el pasado mes estuviera habilitado para esta actividad, mientras que funcionarios y magistrados sí descansaron, en gran medida, apuntan las mismas fuentes, de ahí que no sirviera de nada el esfuerzo que realizaron al no ser colectivo.
Además, la presidenta de los abogados españoles ha hecho ver al Ministerio de Justicia, el «malestar por el flagrante incumplimiento de la recomendación efectuada por el Poder Judicial de limitar las vistas en agosto y comunicar los señalamientos antes del 15 de junio. Según se está comprobando, dichas indicaciones no fueron observadas por algunos órganos judiciales, teniéndose constancia de que se están realizando notificaciones con plazos en agosto sin ser urgentes ni justificarse su necesidad». El Consejo General ha pedido a los abogados de los colegios de la Comunidad Valenciana que le envíen «cuantas incidencias al respecto hayan podido conocer» para hacerlas llegar al Ministerio.
Desde el comienzo de la pandemia, los abogados consideran que se ha realizado una pésima gestión de la oficina judicial al mandar a todos los funcionarios a su casa y dejar sobre la mesa miles de asuntos sin resolver.
