Diez años ha durado la instrucción judicial sobre las presuntas componendas en la última revisión del planeamiento urbano de Alicante y, a dos días hábiles de que comience la parte troncal del juicio, acusaciones y defensas andan reclamando vídeos de las declaraciones de procesados y testigos, transcripciones que no sean un galimatías vomitado por una máquina y hasta se está rastreando la dirección de un exmiembro del equipo redactor citado como testigo, Alfonso Mendoza Quesada, familia del arquitecto responsable del plan sacado de la causa en el último minuto para más señas, al que parece que se ha tragado la tierra.
Cierto es que en la investigación se ha consumido más tiempo del razonablemente admisible incluso en un asunto tan farragoso como este. Pero, visto lo visto, parece que habría hecho falta emplear aún más para evitar semejante rosario de disfunciones a las puertas de la reanudación de una vista que tuvo en julio su antesala con las cuestiones previas. Una fase en la que las defensas pelearon hasta el agotamiento para que el tribunal presidido por la magistrada Montserrat Navarro invalidara los pinchazos telefónicos, base de las acusaciones, pero sobre cuya suerte habrá que esperar hasta que se dicte la sentencia.
Con todo, no son los aspectos logísticos las únicas sombras de un procedimiento en el que, entre otros y acusados de delitos de corrupción, se sientan en el banquillo dos exalcaldes que, sumados sus mandatos, rigieron los destinos de esta ciudad cerca de dos décadas: Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
Dos exregidores que ahora tienen la oportunidad en sede judicial de defender la inocencia que ambos vienen proclamado desde que comenzó este proceso. Aunque para ello, claro está, sea preciso que respondan a las preguntas que les formulen tanto los fiscales Anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero como a las que le planteen las acusaciones particular y popular que en nombre del Ayuntamiento de Alicante y de EU ejercen los letrados José María López Coig y José Luis Romero respectivamente.
Pero salvo sorpresas de última hora, que no pueden descartarse en un proceso con nueve acusados, muchos intereses en juego y una estrategia de defensa cuasi conjunta, la intención de Alperi es la de no declarar o hacerlo solo a su defensa, el penalista Vicente Grima, lo viene a ser lo mismo. Nada de contestar a los fiscales y mucho menos al resto de acusaciones, pese a que la particular represente los intereses del Ayuntamiento en el que durante trece años ocupó su Alcaldía.
Una decisión más que cuestionable en lo ético aunque quizá acertada desde el punto de vista penal, según coinciden en afirmar quienes conocen al exalcalde y la complejidad de un procedimiento en el que, en resumidas cuentas, se dirime si los dos expolíticos del PP facilitaron a cambio de regalos datos del planeamiento urbano a Enrique Ortiz, en aquellos momentos principal contratista público de la ciudad y también acusado en este proceso, para que el empresario hiciera caja.
Cuestión aparte es Castedo. A la exalcaldesa no será la primera vez que Briones le pregunte sobre estos hechos. Ya lo hizo allá por 2012 y 2013 en el Tribunal Superior, donde la exprimera edil declaró por su condición de aforada como diputada autonómica en aquellos momentos. Igual que Alperi, aunque él se acogió a su derecho a no abrir la boca. Ella, en cambio, testificó largo y tendido incluso sobre los pinchazos telefónicos que ahora todas las defensas, incluida la suya, ponen en cuestión. Ningún problema tendrá por tanto en volver a contestar a los fiscales, pese a que Briones no sea precisamente santo de su devoción.
A quien no responderá seguro, como previsiblemente tampoco lo hará el resto de acusados, será al representante de la acción popular. Pero sí que estaría barajando hacerlo a López Coig espoleada, a diferencia de su antecesor, por el efecto adverso que en la opinión pública podría tener ningunear al abogado de la casa que rigió durante ocho años. El quebranto que la redacción del planeamiento provocó a las arcas públicas se ha tasado en más de 1,3 millones, cantidad fijada como responsabilidad civil subsidiaria pero que ha abonado íntegramente Ortiz. Qué menos que la exalcaldesa se explique.
Declaraciones ¿El orden de los factores altera el producto?
Primero fue la pretensión del abogado de Luis Díaz Alperi de que el exalcalde fuera el último en declarar, incluso después de testigos y peritos, lo que rechazó el tribunal. Y después, el interés de algunas defensas en saber el orden de los interrogatorios, como le han hecho llegar a la sala. Corresponde a la Fiscalía determinarlo pero, salvo cambios de última hora, la previsión es que sea el marcado en su escrito de conclusiones provisionales. Las declaraciones arrancan el próximo miércoles como siguen:
- Enrique Ortiz. Empresario.
- Luis Díaz Alperi. El exalcalde es probable que no declare.
- Sonia Castedo. Exregidora.
- Javier Gutiérrez. Socio del bufete Salvetti.
- José Luis Castedo. Socio de Gutiérrez y hermano de la exalcaldesa.
- Ramón Salvador. Empresario de Elche que ha admitido los hechos.
- Virgilio Ortiz. Hermano de Ortiz.
- Santiago Bernáldez. Empleado de Ortiz .
- Pablo Rico. Empleado de Ortiz.
