El Juzgado de Instrucción Número 9 de Alicante ha decidido no adoptar medidas cautelares ni tramitar por la vía penal la denuncia de la hija de una pareja de octogenarios que vive en la Residencia de Pensionistas Ferroviarios de Sant Joan d'Alacant. Tal y como este diario publicó a principios de septiembre, la anciana envío varios mensajes telefónicos a sus hijos lamentando no poder salir de su habitación en todo el día: «Esto es horroroso, entre cuatro paredes las 24 horas del día. Os quiero mucho», les dijo.

Su hija Virginia Tovar Martínez, que es trabajadora social, denunció públicamente el encierro al que se estaba sometiendo a los 325 residentes del geriátrico, a pesar de disponer el complejo de una enorme extensión de espacio exterior para el esparcimiento. «Es un confinamiento absoluto en sus dormitorios, limitando sus movimientos y libertad. Ni siquiera pueden salir a los jardines tras haber dado positivo en coronavirus una empleada de la limpieza a su regreso de las vacaciones», indicó Virginia a este diario frente a una medida que se adoptó el pasado 21 de agosto y que, en la actualidad, ya no está vigente.

Indignada por esta situación decidió pedir el amparo del Síndic de Greuges y presentar una denuncia en el juzgado de guardia de Alicante solicitando la adopción de medidas urgentes. Instó a la autoridad judicial a que ordenara, lo antes posible, la finalización del confinamiento estricto de sus padres en el dormitorio de la residencia. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Alicante ha emitido un auto disponiendo que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna y, por lo tanto, no se puede adoptar ninguna medida cautelar.

«Los hechos que la denunciante -Virginia Tovar- ha puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción no son incardinables en ningún tipo delictivo que recoja nuestro Código Penal, sino que se rige por normas sanitarias derivadas de la pandemia actual provocada por el covid-19 y por las medidas adoptadas en centros, como las residencias de ancianos, careciendo este juzgado de competencia objetiva para adoptar ningún tipo de medida urgente o cautelar». No obstante, la jueza le informó a la perjudicada de la posibilidad de emprender acciones por estos mismos hechos a través de la vía contencioso-administrativa. Después de intentar entrevistarse con el fiscal, Virginia decidió finalmente no recurrir el auto aunque sí ha conseguido que la denuncia haya sido trasladada al Juzgado de Instrucción Número 3 de Alicante para que los hechos sea dirimidos al margen de la vía penal.

«En todo este asunto he podido comprobar que las Administraciones Públicas están completamente desaparecidas y te hacen sentir como David contra Goliat», indicó ayer a este diario justificando la conveniencia de juzgar estos hechos por lo penal. «Yo creo que en este caso lo que han hecho con los mayores es supuestamente un secuestro al obligarles a permanecer encerrados en sus habitaciones, durante dos largas semanas, en lugar de dejarlos pasear por los 30.000 metros cuadrados de jardines e instalaciones exteriores que tiene el centro», advierte la afectada lamentando que «los juzgados no están preparados para resolver este tipo de cuestiones». Precisamente en su denuncia instaba al tribunal a tomar medidas y actuar contra un confinamiento que considera que atenta contra los derechos y libertades de los mayores. «La propia Sociedad Española de Geriatría advierte de los efectos negativos, tanto físicos como mentales, que produce del aislamiento especialmente en la tercera edad. También de que los ancianos deben de estar protegidos contra el coronavirus y, a la vez, deben mantener la movilidad y las relaciones sociales», añade insistiendo en que la medida adoptada partió del geriátrico y no de Sanidad.

El portavoz de la residencia, Alfonso Yunta, aseguró en su día que los hechos fueron comunicados a la dirección general de Salud Pública y que, como medida preventiva, «se puso en vigilancia activa al centro y cumplimos las órdenes estrictas, son las directrices», justificó. Sin embargo desde la Conselleria de Sanidad se apuntó que están protocolarizadas «cuáles son las actuaciones para velar por la salud de los residentes pero las medidas que se adoptan dentro de las residencias dependen de cada una de ellas».

Todo ello ha llevado a la denunciante a advertir que «si vuelve a producirse la misma situación de agosto pediré el habeas corpus para proteger a mis padres y evitar que tengan secuelas», subraya.