Las comunidades de propietarios son sensibles a las penurias económicas del covid. Los impagos de cuotas de propietarios que estén afectados por regulaciones temporales de empleo, despidos o cierres de negocios no se llevan al juzgado sino que se acuerdan facilidades de pago, como retrasos o aplazamientos tanto en los recibos mensuales como en las derramas para obras urgentes de rehabilitación de edificios. El presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante, Augusto Soler, aclara que las comunidades de propietarios no son ongs ni dan ayudas pero «hay gente que está sufriendo cierres y ERTE. En la mayoría de casos es totalmente comprensible el aplazamiento». Los administradores de fincas recomiendan acudir a ellos lo antes posible para negociar formas de fraccionar la deuda.

El colectivo profesional, que gestiona ocho de cada diez comunidades de vecinos, destaca que en la provincia de Alicante los propietarios están pagando de momento en un alto porcentaje y que no hay grandes agujeros económicos a pesar de la situación derivada del coronavirus. El nivel de morosidad a causa del covid, según un muestreo realizado por colegiados de distintos puntos de la geografía alicantina, se ha elevado hasta ahora una media de un 15%, un aumento menor que lo augurado durante el estado de alarma, cuando la entidad realizó un cálculo de entre un 30% y un 50% de crecimiento de la morosidad. Administradores de fincas consultados consideran que el sistema de pago trimestral propio de las urbanizaciones, que abundan en la provincia, influye en que ese desfase económico no sea tan alto como donde el pago es mensual.

Augusto Soler: "No somos ongs pero la situación actual es totalmente comprensible"

Los gestores de fincas coinciden en que quien se demora con los pagos habituales por problemas económicos derivados de la emergencia sanitaria no puede ser considerado moroso, como sí aquellos propietarios que de forma reiterada no atienden sus obligaciones con las cuotas.

El covid ha afectado de lleno al funcionamiento de las comunidades de propietarios, con más de 40.000 reuniones en el aire, solo en la provincia, por las restricciones a que obliga la pandemia. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, del que Augusto Soler es vicepresidente, ha pedido al Ministerio de Fomento que se cambie la legislación para poder celebrar las juntas vecinales por videoconferencia, es decir, telemáticas. La Generalitat de Cataluña es pionera al ofrecer cobertura legal a los encuentros online que prohíbe la ley de Propiedad Horizontal. Salvador Díez, presidente del Consejo, destaca que en aquella comunidad «han comprendido el alcance del problema y han establecido la regulación que pedimos para todo el país».

Actualmente los acuerdos online no se aceptan. Cuando una comunidad de vecinos es medianamente grande hay problemas para garantizar las medidas sanitarias y de aforo. Aparte de que las autoridades sanitarias no permiten reuniones de más de 10 personas.

El Consejo General pidió en setiembre, mes en el que estaban previstas numerosas reuniones en destinos de playa coincidiendo con el inicio de la segunda oleada de coronavirus, parar toda actividad vecinal hasta que la ley se adapte a la nueva realidad sanitaria. Antes de la pandemia se celebraban unas 4.000 reuniones mensuales de vecinos en la provincia. En todo el país, donde el 80% de los ciudadanos vive en comunidades de propietarios, estos encuentros superan el millón a lo largo del año. Mientras llega una resolución sobre las reuniones vecinales telemáticas, se recomienda que solo se celebren las urgentes e inaplazables guardando las medidas de distancia y seguridad; y la prórroga automática de cargos y presupuestos vecinales a 2021 con excepción de que los asuntos a aprobar sean urgentes.

Por otra parte, el Consejo General de Administradores de Fincas ya ha recibido respuesta a la aclaración que solicitó a la Generalitat ante las posibles sanciones por celebrar juntas con asistentes mayores de 65 años, lo que, según las normas anticovid, podría acarrear la imposición de una sanción de económica de entre 30.001 euros y 60.000 euros como infracción muy grave. La Conselleria de Justicia precisó que pueden asistir pero que si no se cumplen las medidas de seguridad y distancia las multas serán elevadas.

El 80% de los ciudadanos viven en comunidades

Ocho de cada diez españoles viven en comunidades de propietarios. Los gestores de fincas administran el 80% de las comunidades.

Hilo directo con la Policía Nacional y la Guardia Civil para campañas de prevención de robos en viviendas

Los gestores de fincas se consideran corporación de derecho público y defensores de los consumidores, de ahí su estrecho contacto no solo con las autoridades sanitarias a la hora de comunicar las restricciones en los edificios (zonas comunes, piscinas, ascensores) durante las distintas etapas de la pandemia, también con los Cuerpos de Seguridad del Estado en sus campañas de prevención en robos de viviendas y trasteros. «Cuando se detecta una nueva modalidad de actividad delictiva, contactan con nosotros e informamos a los colegiados, y éstos a las comunidades de propietarios», señala el representante de los administradores de fincas de la provincia. 

Como ejemplo, la Policía Nacional contactó en verano con los gestores para que repartieran información sobre nuevas técnicas que se emplean en los robos, como las mirillas manchadas de vaselina para evitar ser identificados por testigos de otra vivienda; imanes en la puerta del portal para facilitar el acceso a la finca o palitos de madera y plásticos pequeños apoyados en marcos y puertas. También tienen hilo directo con la Guardia Civil y con los ayuntamientos para campañas de las policías locales. Soler destacó que algunas de las infografías que elaboran los colegiados para las comunidades de propietarios son de interés para las comisarías, que suelen solicitar esos gráficos para sus propias interpretaciones.