Un perito de Sonia Castedo ha asegurado en el juicio por los presuntos amaños en el Plan General de Alicante que los viajes de la exalcaldesa de Alicante a Ibiza en el yate del empresario Enrique Ortiz no tuvieron coste alguno. Según el criterio del economista, se trata de una cesión gratuita de uso temporal del barco, del que van a hacer un uso común con el propietario y otros amigos en un viaje que ya estaba programado y no se trata de un arrendamiento, como sostienen las acusaciones. En todo caso, de haber algún coste, el perito considera que debería valorarse el usufructo temporal de la embarcación con arreglo al impuesto de sucesiones, por lo que estimó en 1.444 euros este importe por el viaje de Castedo y su marido, unos 700 euros por persona. A esta cifra se añaden otros 500 euros por las dietas del viaje.

El informe se ha presentado esta mañana en el juicio por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante y por el que se sientan en el banquillo, entre otros, los exalxcaldes de la ciudad Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como el promotor Enrique Ortiz. Estos viajes durante el mes de agosto de 2009 habrían sido una de las supuestas dádivas que habría recibido la exregidora del empresario. El informe pericial en el que se basan las acusaciones valoraba en 230.000 euros el importe de estos viajes, al considerar que ese era el precio de mercado por el alquiler del yate en la fecha en la que se produjeron los hechos.

El perito de la defensa ha rechazado estas conclusiones al considerar que no hubo arrendamiento alguno. "No hay ni arrendatario, ni precio", ha explicado, valorando el hecho de que se trata de un viaje ya previsto por el propietario. "Hay un uso común con amigos de un viaje programado", ha sostenido.

Asimismo, esta mañana ha declarado otro perito que analizó en el año 2006 las grabaciones que presentó el empresario Ángel Fenoll para acreditar la existencia de una trama de sobornos en la contrata de las basuras de Orihuela, una investigación que dio inicio al caso Brugal y que se desgajó en una veintena de piezas separadas, entre ellas la del PGOU. Este perito aseguró que estas grabaciones estaban manipuladas y que en su estudio encontraron 157 anomalías, de las cuales entre 20 y 25 eran cortes evidentes. Con este informe se persigue la nulidad de todas las escuchas telefónicas en las que se basa el caso, ya que si se acordaron basándose en una prueba nula se invalidaría toda la causa.