El sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, ha presentado una denuncia para que se investiguen y acrediten las razones por las que el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, Jorge Zurita, ha ordenado que establezcan controles a los diferentes vuelos y buques con procedencia de las islas Canarias y de las Baleares, con el fin de controlar e identificar a aquellos inmigrantes que pudieran haber llegado irregularmente en pateras o cayucos. La organización pide que los tribunales determinen si se ha producido un delito de prevaricación con esta decisión, según ha explicado en un comunicado.

El secretario regional de Jupol en la Comunidad Valenciana, Sebastián Gómez, señala que “la excusa esgrimida por el mando policial es que estos viajeros ignoran las prohibiciones sanitarias de confinamiento perimetral que existen en esta región, al pretender llegar a la península para establecerse o trasladarse a otros países europeos”. En la denuncia se pone de manifiesto que los controles ordenados a los efectivos policiales podrían ser irregulares, ya que estos desplazamientos -denominados internos nacionales- no están sujetos a controles policiales, ya que no supone el cruce de frontera alguna. Además, se recuerda que, en el caso de ser cierto que la finalidad de esta medida es hacer efectivo el actual cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, estos controles no deberían limitarse únicamente a los procedentes de Canarias y Baleares, ni únicamente dirigido a los posibles inmigrantes, sino que deberían realizarse sobre todos los desplazamientos que tuvieran su origen fuera del territorio autonómico y sobre todos los viajeros.

Sebastián Gómez sostiene que "con la decisión adoptada por jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana se podría dejar desprotegidos jurídicamente a los funcionarios policiales encargados de llevar a cabo los controles ordenados", muy especialmente a los responsables de los puestos fronterizos y Unidades de Extranjería afectados, "ante posibles denuncias o acciones legales por parte de los inmigrantes u organizaciones no gubernamentales de apoyo a los mismos”. El secretario regional de Jupol lamenta además que "hayamos tenido que acudir a la tutela de los tribunales para que aclare los términos legales de esta imposición y por tanto resuelva esta compleja situación”.

La orden policial a la que se refiere el sindicato se produce después de que esta semana se conociera que 72 inmigrantes llegados a las islas Canarias habían sido trasladados el 4 de diciembre a la Comunidad Valenciana en tres vuelos comerciales procedentes de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, y que, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciara también el traslado de otras 300 personas a Granada desde el archipiélago. En un principio estaba previsto que los 16 inmigrantes que se encuentran detenidos en la comisaría de Zapadores de València fueran trasladados a Alicante, y que dos de ellos, enfermos de covid-19, fueran ingresados en el Hospital General. Sin embargo, finalmente esta medida no se llevó a cabo.