La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, uno de los colectivos que forma parte de la plataforma «Salvem el Far», ha sido la primera en presentar un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo contra la instalación de un restaurantes en el faro del Cabo de la Huerta de Alicante. Entre los argumentos para justificar su rechazo, figura el que el suelo donde se ubica el faro tiene la condición de suelo forestal estratégico al formar parte de la infraestructura verde de la Comunidad Valenciana. A esto se suma, según explica Miguel Ángel Pavón, miembro de la plataforma y exedil de Urbanismo, que el actual y vigente PGOU de Alicante, califica el suelo como no urbanizable, al definirlo como espacio libre litoral. En el visor cartográfico de la Generalitat, el suelo «en el que está el faro y sus instalaciones aparece como suelo protegido por afecciones al dominio marítimo público-terrestre», según Pavón. Al tratarse de suelo no urbanizable, «la autorización urbanística de la actividad es posible que no se limite a una siempre licencia municipal. Es muy posible que sea necesaria una Declaración de Interés Comunitario previa, que es competencia de la Generalitat, en concreto de las consellerias de Urbanismo, Transición Ecológica y Cultura».

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Alicante, sostiene que, al margen de que la Ley de Puertos y la Marina Mercante autoriza a conceder una concesión, independientemente de que después el concesionario tenga que conseguir las licencias oportunas, «cuando nos plantearon la posibilidad de la instalación de un restaurante vimos que la zona no tiene ninguna protección. Tan solo estaba declarada como BIC la torre original y se demolió hace años. El suelo no está protegido y, además, el restaurante va dentro de un edificio, no se va a demoler nada», subrayaron ayer fuentes de la Autoridad Portuaria.

Detalle cartográfico del suelo donde se ubica el faro del Cabo de la Huerta. | INFORMACIÓN

El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana se ha convertido en el último instrumento legal al que se agarran los colectivos conservacionistas contrarios a que una parte del inmueble que alberga el faro del Cabo de la Huerta en Alicante termine acogiendo un restaurante, tras la concesión administrativa conseguida por el grupo de restauración Forty. Cerrada la reclamación por la vía administrativa tras el rechazo de los técnicos del Puerto a las alegaciones, los colectivos tienen decidido plantear recursos judiciales por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -el primero ya está en marcha-, y van a apoyarse en la legislación ambiental valenciana. El faro y su entorno se ubican sobre suelo forestal estratégico, en el que la Ley Forestal Valenciana establece más restricciones para autorizar usos. «Desde Salvem el Far presentaremos también alegaciones en los expedientes urbanísticos que se van a tener que tramitar para autorizar el uso de restaurante», señaló Miguel Ángel Pavón. Los contenciosos pueden presentarse hasta el 21 de febrero.

La Ley de Puertos y la Marina Mercante (articulo 73,4), considera que una concesión portuaria es independiente a que, después de otorgar una concesión, el concesionario, en este caso el grupo de restauración Forty, deba obtener los certificados de compatibilidad urbanística y licencias ambientales municipales. El puerto dio vía libre al restaurante en virtud del proyecto «Faros de España», que permite que estos complejos puedan albergar usos hosteleros, incluyendo hoteles y otra iniciativas como centros de interpretación de la naturaleza como ha sucedió en el caso del faros de Xábia y Alfaz del Pí.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, ha venido insistiendo desde que se anunció el concurso la pasada primavera, que tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Diputación, tenían conocimiento de la iniciativa, y no hubo movimientos institucionales para hacerse con el complejo.

La empresa ganadora del concurso presentó, además de un estudio de accesibilidad y otro de gestión de residuos, un plan de actuaciones para la conservación de los acantilados con vegetación de las costas mediterráneas, en el que se ha identificado y evaluado las especies de flora típicas del hábitat del Cabo de las Huertas, con el fin de realizar una correcta gestión para su conservación.