La omertá es un código de honor de la mafia que vendría a ser algo así como la ley del silencio, un mandamiento no escrito que prohíbe hablar o colaborar con la Policía o la Justicia, aunque se tenga conocimiento de delitos graves, y que acostumbra a cumplirse bien por miedo a las represalias que acarrea no hacerlo y, lo más importante, para proteger a otros compinches en una especie de hoy por ti, mañana por mí.
Explico esto porque tengo la sensación de estar viviendo en la pequeña la localidad de Corleone, en pleno corazón de Sicilia, desde que hace un par de semanas venimos asistiendo al vergonzoso goteo de alcaldes, concejales y otros representantes públicos (sic) aprovechándose del puesto que ocupan para saltarse su turno en la cola de la vacunación contra el covid. Un espectáculo censurable a todas luces pero que, a día de hoy, no parece haber provocado la suficiente alarma como para ponerse en conocimiento de la Justicia por si se pudiera estar cometiendo un delito (¿de prevaricación tal vez?), ni para que desde la Fiscalía se haya considerado lo suficientemente grave como para investigarlo de oficio.
Y sorprende en esta ciudad y en esta provincia donde en fechas no tan lejanos se ha recurrido a los tribunales reiterada y machaconamente como a apéndices de las instituciones para corregir actuaciones indebidas.
Baste citar, por ser las más cercanas en el tiempo, el troceo de contratos en el Ayuntamiento de Alicante o el despido de la cuñada del entones portavoz del PP en este Consistorio y hoy alcalde de la ciudad, Luis Barcala. Denuncias de cuya repercusión solo cabe recordar que le costaron el puesto al anterior regidor, Gabriel Echávarri.
Ahora, con una pandemia que nos tiene a medio camino entre agotados y enfadados pero, eso sí, con los ojos puestos en la salud como creo que nunca antes la habíamos mirado, nos encontramos con una cuadrilla de aprovechados entre precisamente los que tendrían que velar para que todo fuera más fácil, incluido un proceso de vacunación en el que tantas esperanzas se han puesto y que con tanto civismo estamos aguardando la mayoría.
La Fiscalía de Murcia ya ha abierto diligencias para indagar en qué circunstancias se han administrado vacunas como las que en Alicante les han puesto a los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives (matrimonio y del PSPV), al mítico Bernabé Cano, de La Nucía, o el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano (del PP ambos), y así hasta más de quince personas. Claro que en Murcia, PSOE y Podemos han presentado sendas denuncias. Debe ser que allí la omertá no existe.
