La Fiscalía y la Abogacía del Estado cargaron ayer en la Audiencia Provincial contra la sentencia que absolvió al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, de tres delitos de fraude fiscal y pidieron su revocación. «Es arbitraria y carente de lógica», aseguró el abogado del Estado, Javier Peñalver; mientras que el fiscal Antonio López Nieto subrayó que el propio fallo da por probados hechos que de por sí son delito y permitirían dictar una condena. Las dos acusaciones reclamaron a un tribunal formado por los magistrados Javier Martínez Márfil, José María Merlos y Margarita Esquiva que se anule el fallo y se ordene la repetición del juicio con un nuevo magistrado; mientras que las defensas valoraron que no hubo irregularidad alguna y consideran que deben mantenerse todas las absoluciones.
Más de un año y medio después del fallo, la Sección Décima de la Audiencia celebró ayer una vista a la que solo asistieron las partes y ninguno de los procesados. Alperi estaba acusado de haber defraudado a Hacienda más de 682.000 euros en concepto del IRPF durante los ejercicios de 2007, 2008 y 2010 por ingresos de origen desconocido; así como de un delito de cohecho impropio por el amarre gratuito de su catamarán en las instalaciones de Marina Deportiva. Junto a él se sentaban en el banquillo, los empresarios Antonio Moreno y Antonio Solana acusados de haber ayudado al exalcalde a cometer el fraude simulando negocios para justificar el aumento de patrimonio; así como el gerente de las instalaciones náuticas, Javier Palacio, por el amarre. Todos ellos quedaron absueltos en una sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número seis de Alicante dictada trece meses después del final del juicio.
El fiscal subrayó ayer que de estas operaciones simuladas el exalcalde de Alicante obtuvo un incremento de patrimonio que deberían haberse declarado a la Agencia Tributaria, circunstancias por las que la Audiencia podría anular el fallo y dictar una sentencia condenatoria. Para el fiscal, es una simulación el aval que permitió a Alperi saldar una deuda que mantenía el exregidor con la Agencia Tributaria, porque ese dinero tuvo apariencia de préstamo cuando la realidad es que no se iba a cobrar nunca; como también lo es el hecho de el empresario Solana figurara como copropietario de un catamarán comprado en esas fechas por el exregidor, que se puso a nombre de una sociedad sin actividad alguna. En cuanto al amarre, incidió en que «no es un favor a un amigo. Es un regalo que supone un beneficio económico importante. El señor Solana, copropietario del catamarán tenía otro barco y éste sí se lo cobraba».
Contradicciones
El abogado del Estado repasó varias de las contradicciones en las que, a su juicio incide la sentencia, como que el juez no se crea que una sociedad sin bienes y sin trabajadores sea instrumental; o que Alperi mantenga una deuda con el empresario que le avaló para pagar lo que debía a Hacienda, no se la pague y se compre un barco al año siguiente. Peñalver cuestionó la lógica del préstamo donde había un 100% de perder el dinero para obtener un beneficio del 3,25%.
Por su parte, la defensa de Alperi, el abogado Vicente Grima, subrayó que «el juicio absolutorio fue impecable y en él no hay ninguna tacha de irregularidad procesal» para insistir en que no había causa de nulidad. El letrado incidió en que tanto con la firma del aval como con las operaciones con el barco «el patrimonio del señor Alperi no varió. Solo cambió de deudor». Grima descartó de cohecho alguno en la cesión del amarre que fue en razón de la situación de amistad entre su familia y la de Alperi y no por su cargo. En esta línea subrayó que el barco estuvo en las instalaciones cuando Alperi ya no era alcalde de Alicante y era diputado autonómico, «cuando Marina Deportiva es una concesión del Gobierno Central». En idénticos términos se expresó el abogado Alejandro Bas, que defiende al gerente de las instalaciones Javier Palacio, que aseguró que la cesión se debió a una relación de amistad durante décadas y ajena a los cargos políticos de Alperi».
