La lista de espera para acceder a una vivienda social en la provincia supera las 3.500 familias, de las que un 40% están en la ciudad de Alicante. El parque público de la Generalitat se queda muy corto y está completo, es decir, ocupado al 100%: para atender a todos los demandantes de vivienda social habría que duplicar el actualmente disponible. El gobierno autonómico se ha dado un plazo de diez años para multiplicar por dos la oferta habitacional de carácter social y absorber toda la necesidad, que además ha crecido durante la pandemia. La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) cuenta con 3.671 pisos para alquiler social en la provincia y todos ellos están ocupados salvo aquellos en proceso de rehabilitación y adjudicación, que suelen haber estado afectados por la ocupación ilegal. Otros 539 son de alquiler asequible, y se han firmado 16 contratos con entidades financieras que ceden otras tantas viviendas a la Generalitat para arrendarlas.
«Es mucha gente la que está en lista de espera. Ahora mismo se están desarrollando diferentes programas de compra de vivienda para aumentar el parque público, en las grandes ciudades, sobre todo Alicante, Elche y sus áreas metropolitanas, y en Orihuela y Torrevieja, donde tenemos analizadas áreas de necesidad habitacional», señala Alberto Aznar, director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Recientemente han podido recuperar 57 viviendas para alquilarlas; 143 están en proceso de rehabilitación; y en 29 más se ha iniciado el procedimiento de adjudicación y están en fase de entrega de llaves. En cuanto a la figura del alquiler asequible, hay 17 viviendas en ejecución y cuatro más en proceso de valoración. En el caso de la ciudad de Alicante, donde se registra el mayor problema habitacional con 1.321 unidades de convivencia (familias) esperando vivienda social, la Generalitat cuenta con 1.630 pisos de alquiler social, todos ocupados, y 127 de alquiler asequible.
La pandemia ha venido a complicar la situación. «Hay más familias en lista de espera, más solicitantes de ayudas al alquiler y más familias que consumen Servicios Sociales, hay más necesidad. Detrás está la precariedad, los ERTE, la falta de empleo y de ingresos, y que mucha gente que se está viendo afectada por la situación es gente que sobrevivía en economía sumergida, más humilde, de hostelería y labores domésticas, gente que se dedicaba a la chatarra. Estamos en un momento de parálisis económica, de incertidumbre, tras los meses de confinamiento y pandemia, que lo sufren más estas personas», señala el director general.
Aznar destaca el reto que se ha marcado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, de multiplicar por dos el parque público de vivienda para absorber la demanda. Este departamento tiene previsto invertir un total de 54 millones en los próximos tres años en la provincia para rehabilitar 4.700 viviendas de su parque público en el que residen unas 18.000 personas como estrategia de regeneración urbana y social, y para acabar con la segregación urbana en las promociones públicas. Sobre todo se ven beneficiadas Alicante y Elche. En la capital está prevista la renovación del grupo de vivienda pública Miguel Hernández, que tiene 521 pisos sociales para hacer un barrio más habitable, con el compromiso de empezar las obras este verano. La primera fase de rehabilitación afectará a los bloques de la plaza Yolanda Escrich (antigua División Azul) 5 y 6, con 20 viviendas.
El coste del proyecto es de 3,4 millones de euros, lo que supondrá el realojo de 20 familias para las que ya hay viviendas reservadas en la ciudad de Alicante.
Este barrio, junto a los Palmerales de Elche, es de los que registra un mayor índice de ocupación ilegal, entre un 20% y un 25%, frente a la tasa media provincial del 16%. Este problema se dispara en los barrios más humildes, con tasas de desempleo muy altas.
«Como Generalitat, intentamos mantener la obligación que tenemos de velar por el patrimonio público y recuperar esas viviendas, abordando la situación de vulnerabilidad de las personas. Tenemos que recuperarlas y analizar con Servicios Sociales la situación de cada familia», apunta el representante del Consell.
Una vez recuperada una vivienda ocupada, la Entidad de Vivienda tarda unos cuatro meses en repararla y adecuarla para adjudicarla a otra familia.
