Justo en la semana en la que los miembros del Consejo Nacional del Agua fueron remitiendo a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid sus votos sobre el proyecto del Ministerio para recortar el caudal mensual que envía a Alicante, Murcia y Almería desde el Tajo, en concreto de los 38 hm3 actuales a 27 hm3 modificando las normas de explotación, la vicepresidenta y ministra, Teresa Ribera, se ha topado, de nuevo, con la naturaleza. Un invierno generoso en lluvias en la cabecera del río ha posibilitado que la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía -puerta de salida del agua del trasvase alcance los 880 hm3. No es la cantidad máxima del año, pero casi, porque desde hace diez días el canal vuelve a enviar agua para la huerta de Europa, -20 hm3 en marzo-, pero sí que representa un 20% más que hace un año (725 hm3), y un 40% más que la media de agua embalsada de los últimos cinco años (543 hm3). Ese periodo de tiempo, precisamente, marcado por la última gran sequía, en el que los técnicos realizaron el informe en el que se basa el Ministerio para querer recortar el trasvase contra la opinión, entre otros, de los agricultores, la Diputación, Ineca y hasta tres gobiernos de los cuatro gobiernos autonómicos que tienen que decir algo en cuanto al trasvase: la Generalitat Valenciana, Andalucía y Murcia. Castilla-La Mancha es socia preferente del Ministerio en el reparto de lo caudales.
El jueves pasado, 1 de abril, los técnicos tomaron el pulso a la reserva de agua en la cabecera y, de nuevo, y van tres meses consecutivos, vuelven a tocarnos 38 hm3, el caudal máximo que quiere recortar Madrid. La naturaleza vuelve a aliarse con la provincia y ya llevamos tres meses con el trasvase máximo por una ley, cuyo contenido se cerró, entre torrija y torrija, en la Pascua de 2013 y que hoy, en lo que se refiere a la transferencia de caudales a la provincia, está herido de muerte sin una base científica rigurosa.
Grave e incomprensible es que el más que posible recorte de agua en el Tajo-Segura, con el aumento del caudal ecológico y la modificación de las reglas de explotación, amenace un volumen de negocio de mil millones de euros, que es la aportación de la agricultura del trasvase al PIB de la provincia. El PIB alicantino alcanza, o alcanzaba hasta el desastre económico provocado por la pandemia, los 35.000 millones de euros, de los que un 4% (1.400 millones) corresponden a la agricultura. Si le restaran mil millones, el aporte se reduciría un 2,8% sobre ese 4%.
Sesenta mil hectáreas de regadío distribuidas entre las comarcas de la Vega Baja, Baix Vinalopó y l’Alacantí, cuyos productos, hortalizas y cítricos, tienen una gran aceptación en Europa, y contribuyeron, por ejemplo, a evitar desabastecimiento de frutas y verduras durante las semanas más duras del confinamiento el pasado 2020. Como recuerda Antonio Rico, director del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, el beneficio del agua de Tajo no solo es para el agricultor, sino para otras industrias como la agroalimentaria. Una hectárea cultivada mantiene un empleo agrícola.
Por primera vez este año, el sector agrícola dependiente del agua del Tajo va a superar los 3.000 millones de euros de volumen de negocio en Alicante, Murcia y Almería, del que el 33%, aproximadamente, se genera en la provincia gracias al aumento de la demanda en toda Europa por el covid. El agua del Tajo mantiene 106.566 puestos de trabajo, un 5,8% de la población activa de Alicante y Murcia. Cifras que ratifican la importancia del Tajo para los agricultores alicantinos, y para el mantenimiento de la agricultura nacional, un sector estratégico por su elevada competitividad internacional, y por su capacidad para equilibrar la economía en tiempos de recesión.
La aportación de la actividad que depende directamente del trasvase ha superado por primera vez la barrera de los 3.000 millones de euros, situándose en 3.013 millones. Además, la dinamización económica derivada contribuye a la generación de empleo no solo en el cultivo de la tierra, sino también en el sector de la comercialización y transformación de los productos agrícolas, como subraya Lucas Jiménez, presidente del Sindicato del Acueducto Tajo-Segura.
Su impacto es superior a la contribución de sectores al VAB (valor añadido del conjunto de productores de un área económica), como el transporte aéreo o las industrias extractivas, y es casi el doble de la aportación de la pesca y la acuicultura y equivale a más de tres veces la contribución de la silvicultura y explotación forestal, según el Sindicato Central de Regantes.
La utilización del agua desalinizada no se puede considerar una alternativa exclusiva para satisfacer el total de la demanda. Si todavía la vicepresidenta Teresa Ribera no se ha enterado, bien podría bajarse un día hasta la provincia para que se lo expliquen.
Se ha recordado hasta la saciedad pero en Madrid, gobierne quien gobierne, no quieren enterarse. El agua se puede trasvasar, el sol no y, por suerte, en la franja mediterránea disfrutamos de miles horas de sol y de luz al año de las que se beneficia el resto de España y buena parte de Europa. Sentido común y menos dogmatismo.
