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El catedrático de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo

Entrevista

Joaquín Melgarejo: "El recorte del trasvase afecta a la industria, al empleo y a nuestro paradigma de crecimiento"

El director del Instituto del Agua y de Ciencias Ambientales de la UA, uno de los mayores expertos de la provincia en gestión hídrica, hace suyas las conclusiones de la comisión técnica del agua sobre el cierre del Tajo al entender que es un ataque a la viabilidad del trasvase sin razones hidrológicas y nulo de pleno derecho

¿El recorte mensual máximo del trasvase de 38 a 27 hm3 y el posterior aumento del caudal ecológico del Tajo acabarán con el trasvase Tajo-Segura?

No acabarán con él, pero lo dejarán muy dañado. Sería una reducción superior a los 100 hectómetros cúbicos anuales, lo cual perjudicaría especialmente al regadío porque los abastecimientos son prioritarios en los caudales procedentes del trasvase.

¿Entiende el recorte que se pretende del trasvase?

En absoluto. No tiene justificación de orden económico, ecológico, ambiental ni social. No tiene ningún sentido ni ninguna lógica. No se tienen en consideración los efectos económicos, sociales ni ambientales en las cuencas receptoras. Los caudales hay que fijarlos, pero no en detrimento de las actividades ya creadas.

¿Por qué esa posición tan radical del Ministerio para la Transición Ecológica?

Se trata de una posición absolutamente ideológica, fruto de la presión del Gobierno de Castilla-La Mancha. Es un debate estéril fundamentado en razones ideológicas, no en razones técnicas.

El Consell debe oponerse al cambio de reglas de explotación donde se toman las decisiones, que es en el seno del Gobierno

¿Qué solución puede tener esta guerra del agua?

Abogo por una respuesta ante el presidente del Gobierno por parte de los presidentes de la Comunidad Valenciana, de Murcia y Andalucía. Que hagan un frente común las tres autonomías. Es un recorte de recursos hídricos que afecta a toda la Comunidad Valenciana, pero muy especialmente a la provincia de Alicante.

¿Cuál es su opinión de la postura de los ministros valencianos en el Gobierno ante el recorte del trasvase?

No están haciendo ningún tipo de presión ni argumentación en favor de la Comunidad Valenciana. Los diputados en las Cortes Generales tampoco están ejerciendo su papel, que es defender los intereses de esta autonomía y de la provincia. No lo están haciendo, no sé la razón. Quizá una puede ser no levantar la voz a su jefe pero los intereses territoriales de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía deben ser defendidos por sus presidentes en primer lugar pero también por los diputados de sus circunscripciones, de todas las formaciones políticas, independientemente de ideologías. Estamos hablando de cuestiones básicas, no de formas de observar la realidad o de temas ideológicos, sino de cuestiones fundamentales, que tienen que ver con el empleo, la actividad económica, la transferencia, la creación o no de riqueza y, sobre todo, ver qué alternativas son las que tenemos.

Es un debate fundamentado en razones ideológicas, no técnicas, presionado por el gobierno de Castilla-La Mancha

¿Existen esas alternativas?

Todo es posible. El Sindicato Central de Regantes está estudiando todas las posibilidades de readaptación del trasvase Tajo-Segura desde el Tajo Medio y otras cuencas, pero en la cabecera sigue habiendo agua para cubrir todas las necesidades. La prueba es que cuando no hay caudales se deja de trasvasar, como se hizo en los años 2017 y 2018, cuando estuvimos 11 meses sin agua porque no había suficientes reservas en la cabecera del Tajo. Lo que no se entiende es que habiendo recursos se quiera realizar esta limitación que no está bien argumentada.

¿Qué consecuencias puede tener para este territorio un recorte del trasvase?

El recorte del trasvase para la provincia de Alicante y el conjunto de la cuenca receptora afecta al regadío, al abastecimiento y a todo lo derivado de ello. Todos los parques industriales del sur de Alicante y los desarrollos urbanísticos de segunda residencia se abastecen del trasvase, y más del 60% de la agricultura de Alicante depende del agua del Tajo. También las industrias agroalimentarias, las químicas y todos los factores de arrastre del sector y sus derivados sobre el empleo, la inmigración, y la cualificación de la mano de obra. Afecta a nuestro paradigma de crecimiento. Por supuesto, perjudica al Corredor Mediterráneo, que se ha hecho para algo, para transportar mercancías. ¿Y cuáles vamos a montar en un tren? Básicamente productos agrarios de frutas y hortalizas que con el recorte de agua se pueden ver mermados.

El presidente del Gobierno debe parar esta propuesta. Aún no ha ido al Consejo de Ministros. Es necesario pararlo antes de que se apruebe

¿Cómo considera las alternativas que se ponen sobre la mesa como la desalación?

Siempre se dice que el recorte del agua procedente del Tajo se podrá sustituir con caudales de desalación, lo que tiene un problema ambiental y el coste energético, cuatro veces superior al del trasvase. También las emisiones y los gases de efecto invernadero son superiores. Es curioso que desde el Ministerio de Transición Ecológica se propugne esta solución, cuando es más costosa energéticamente, además de que pierden competitividad los productos agrarios de la huerta de Europa.

¿Qué pasos deben darse a partir de ahora? ¿Puede acabar el recorte del trasvase en los tribunales?

Esto tiene vuelta atrás. El presidente del Gobierno debe parar esta propuesta de cambio de las reglas de explotación. Todavía no ha ido al Consejo de Ministros, que lo tiene que aprobar, y luego el decreto debe pasar por el Parlamento. Es necesario pararlo antes de que se produzca el fenómeno jurídico pero si finalmente se procede al recorte, se debe recurrir a todas las instancias necesarias. Ahí está la Generalitat, como ha manifestado la consellera (la titular de Agricultura Mireia Mollà), rotundamente en contra de este cambio en las reglas de explotación, o el alcalde de Elche, del mismo partido (PSOE) o próximos al Gobierno. La consellera (pertenece a Compromís) está en el gobierno del Botànic y se ha opuesto totalmente. Pero hay que decirlo donde se toman las decisiones, en el seno del Gobierno, en el que hay cuatro ministros valencianos. Y la insistencia de los presidentes de las comunidades afectadas, que han de pedir una cita con el presidente Pedro Sánchez y explicarle la importancia que todo esto tiene.

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