El Ayuntamiento de Alicante, de la mano de la concejala de Educación y exrepresentante de la confederación de padres de alumnos de los colegios concertados, Julia Llopis, ha reabierto la batalla política del PP contra el conseller de Educación, Vicent Marzà, de Compromís.
Como ya hiciera nada más llegar a la Casa Consistorial, en 2019, la edil ha vuelto a proponer reducir la actual zonificación de colegios a apenas tres zonas, y que en la ciudad se elija colegio lo más parecido al distrito único, frente a la actual distribución en nueve áreas fruto del acuerdo del tripartito anterior (PSOE, Compromís y Guanyar).
Como ya sucediera hace dos años, los votos han respaldado la propuesta del PP municipal con 12 síes, 8 noes y 5 abstenciones de parte de los padres de alumnos de la enseñanza pública y vecinos.
La petición acordada de esta forma se traslada a la dirección territorial de Educación, los representantes del conseller Marzá en la provincia, pero como ya sucedió en la anterior ocasión también, todo apunta a que se rechazará porque la política educativa del Consell respalda una mayor división de distritos escolares con el objetivo de acercar los colegios lo máximo posible al domicilio.
Diversas comisiones del Consejo Escolar Municipal han estado trabajando en febrero y marzo sobre varias propuestas dirigidas a reajustar la actual división de Alicante en distritos escolares.
Además de la presentada por el Ayuntamiento, que proponía reducir las nueve zonas actuales a cuatro, también ha habido propuestas del sindicato docente mayoritario de la enseñanza concertada, con idéntica reducción a cuatro zonas pero con distinta distribución de centros escolares.
Por su parte, los consejeros que representan a la patronal de centros concertados optaban por la antigua división que propugnó el PP liderado por Sonia Castedo y el edil de Educación, Antonio Ardid, en tan solo dos áreas y una tercera común del centro de la ciudad. Directores y sindicatos de la enseñanza pública querían mantener la actual; y la propia dirección territorial de Educación, a través de la inspección, proponía reducir las nueve zonas actuales a cinco. A esta propuesta se había ido sumando el sector de la enseñanza concertada y parte de los padres de alumnos en previas reuniones telemáticas, y a la propia edil tampoco le parecía mal, pero la retirada a última hora de dicha propuesta, según el escrito de la inspección porque ya está iniciado el proceso de admisión de alumnos y conviene acabar de consensuarla antes del 31 de diciembre, de cara ya al próximo curso, desató la caja de los truenos. Llopis forzó finalmente la votación entre las nueve zonas actuales o volver a tres y se llevó el gato al agua, aunque la última palabra es, en definitiva, de Marzà.
