Las posturas en el Consejo Escolar de Alicante se han radicalizado al máximo tras la obligada votación de la distribución de colegios por zonas este lunes, que se saldó con la victoria solo sobre el papel de la concejala de Educación, Julia Llopis del PP, por la vuelta a la división escolar de la ciudad en tres áreas y no en nueve como actualmente.
Es victoria solo sobre el papel porque la decisión última al respecto corresponde por ley a la dirección territorial de Educación, de la mano del conseller Vicent Marzà, de Compromís, que opta por mantener la actual distribución de colegios tras «comprobar que hay una parte amplia del Consejo Escolar Municipal, con representantes de centros educativos y sindicatos, que abogan por mantenerlos como están, siguiendo los criterios que velan por respetar la normativa estatal y la autonómica en materia de zonificación escolar, para evitar que se discrimine a una buena parte de alumnos de la ciudad respecto a los de una zona concreta. Así se asegura que no se enfrente a las familias de la ciudad», subrayan desde Educación.
Sin embargo la propia inspección educativa, que depende de esta dirección territorial, ha trabajado en reducir la zonificación a cinco áreas, y los representantes de la enseñanza concertada e incluso la propia concejala de Educación lo pensaban aceptar y retiraron sus propuestas «en aras del consenso», asegura Llopis, que culpa a la inspección de «tomar el pelo a los consejeros porque estábamos dispuestos a admitir cinco zonas, que no es un distrito único, pero como sus seguidores se apalancaron con las nueve zonas se sintieron en un camino sin salida y lo retiraron a última hora. Yo no pretendía votar, pero estaba en el orden del día y tengo una responsabilidad. No me dieron otra alternativa y se fueron sin votar, todo muy politizado», recalca la edil. «Que no nos llamen sectarios, visto lo visto, porque no ha interesado el consenso», abunda Llopis.
Por contra, desde la dirección territorial de Educación insisten a su vez en que buscan «el máximo consenso de la comunidad educativa de la ciudad, ya que las posibles propuestas alternativas no se han trabajado en profundidad y han sido precipitadas. Por tanto el director territorial, David Vento, cuando llegue la propuesta y un informe al respecto, estudiará la situación para buscar el máximo consenso posible, siempre priorizando lo ya dicho: evitar que se discrimine a una buena parte de alumnos de la ciudad respecto a los de una zona concreta», concretan desde la conselleria que dirige Marzà.
Imposición
Los sindicatos, representantes de los directores y padres de alumnos de la Fapa Enric Valor, defensores de las nueve zonas actuales califican la votación fue un «esperpento, una vergüenza». No respaldaban las cinco que proponía la inspección educativa porque mantienen que debe primar la cercanía del centro escolar al domicilio y no privilegiar al que se pueda permitir económicamente llevar a su hijo donde quiera, como señala Txomin Angós de la Fapa. Y desde el sector de la concertada, José Gabriel Alfonso del FSIE opina que lo sucedido «ha venido impuesto desde Valencia» -por la Conselleria de Educación- y lamenta la «excesiva radicalidad y politización» de la enseñanza.
