El bipartito de Alicante dispondrá de unos 60 millones extra para llevar a cabo inversiones en la ciudad durante este año, que se sumarán a los 17 millones incluidos ya en el Presupuesto municipal de 2021, aprobado hace apenas un mes de forma definitiva. En esa cantidad con la que contará el ejecutivo ya no se incluyen los aproximadamente diez millones que se tendrán que dedicar a hacer frente a operaciones pendientes de aplicación (OPA), en parte por sentencias en contra de los intereses del Ayuntamiento de Alicante.
Este es el resultado de la liquidación de las cuentas del pasado ejercicio, que según confirman fuentes municipales registraron un nivel de ejecución de en torno el 33% en el capítulo de inversiones. Esta cifra supone mejorar en veinte puntos la liquidación del Presupuesto de 2019 (13%), último año electoral. Sin embargo, empeora la registrada en 2018 (40%), que fue un año en el que el gobierno municipal pasó de manos del PSOE (primeros tres meses) al PP de Luis Barcala, el resto del ejercicio. La ejecución presupuestaria de 2017, último año del tripartito de izquierdas al frente del ejecutivo municipal, se quedó en torno al 20%.
Esos aproximadamente 60 millones extra de inversiones deben ahora concretarse en proyectos, que principalmente quedarán en manos de las áreas que gestionan Adrián Santos Pérez (Urbanismo) y José Ramón González (Infraestructuras y Vivienda). Ese documento necesitará el aval de al menos un grupo de la oposición, ya que el equipo de gobierno se encuentra en minoría en el Pleno.
Todo parece indicar que Vox puede ser el partido que facilite la aprobación de la modificación de créditos, tal y como ya hizo con el Presupuesto de 2021, que finalmente también sumó la abstención de los socialistas tras el acuerdo con Ciudadanos. De hecho, el bipartito empezó con estos dos grupos la reciente ronda de negociaciones de cara a ese primer cambio del Presupuesto, que se prevé aprobar «cuanto antes» con el objetivo de no demorar la ejecución de los proyectos. Muchas son las iniciativas que están pendientes de financiación, entre ellas la pasarela cicloturista del acceso sur de la ciudad, que debe conectar el entorno de la Euipo con Urbanova. Esas obras no arrancaron el pasado ejercicio al tenerse que destinar su presupuesto (unos 2,5 millones) a la deuda generada en el transporte urbano por la crisis del covid.
A votación
Las certificaciones mensuales de los servicios que se prestan fuera de contrato (como la limpieza de colegios o el de telefonía y, en unos meses, el de limpieza viaria y recogida de residuos, entre otros) tendrán que contar con el visto bueno del pleno antes de pagarse a las respectivas adjudicatarias. Así lo ha decidido el interventor municipal, según señalan fuentes municipales. De esta forma, se prevé que en el próximo pleno de mayo se sometan a votación de la Corporación municipal la liquidación de las facturas pendientes de pago relativas al servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, que presta UTE Limpal (Clece y Fissa) fuera de contrato desde principio de 2020. Esta concesionaria no cobra las mensualidades desde el pasado mes de septiembre, lo que ha generado incertidumbre entre los trabajadores. Intervención ha solicitado repetidamente información de los servicios prestados en los últimos meses de 2020 y también de los primeros meses de 2021. Cuando el alto funcionario dé el visto bueno a las certificaciones, será el pleno el que definitivamente autorice el pago de los servicios prestados por más de cuatro millones.
