El senador de Compromís, Carles Mulet, ha pedido hoy al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que “recule públicamente” y retire el agravio de volver a recuperar los peajes y el pago por uso de las carreteras del Estado, una vez constatado el nulo consenso existente. “Si Ábalos, que tiene la credibilidad que tiene, se cree sus propias palabras de que no aplicará el compromiso trasladado a la Comisión Europea de implantar un sistema de pago por uso de las carreteras del Estado en 2024 si no hay consenso, ya puede cumplir y retirar la propuesta, pues no habrá consenso por nuestra parte, porque los valencianos estamos hartos tras casi 50 años de peajes por circular”, ha indicado Mulet. La Ap.7, que une Ailcante y Valencia por la costa se liberó de peaje en enero de 2020 al no revovarse la concesión.
El representante valenciano ha recordado el cinismo de los últimos gobiernos popular y socialista que “no negaban sus intenciones de implantar la viñeta en las carreteras, pero tampoco lo confirmaban. Ábalos y De la Serna fueron interpelados por la coalición y negaban en público sus verdaderas intenciones, mientras en privado se reunían con los empresarios que las gestionaban y parasitan la Administración desde hace décadas como el caso de Mariano Rajoy”.
En este sentido Mulet remarca el “agravio” que una solución de peajes para todos supone para los valencianos “que hemos estado pagando 50 años tras las prórrogas en la concesión de PP y PSOE y en un contexto de nefasta radialización del Estado” y ha reiterado la petición de tener en cuenta esta situación en el futuro. Compromís ha registrado una moción en la que se pide la retirada del plan para implantar peajes y reclama “medidas para estar en estándares de movilidad homologables a los europeos previas a empezar a gravar el uso del coche privado y las carreteras”.
La iniciativa parlamentaria insta al Gobierno a que presente un plan de choque con financiación suficiente para la mejora de toda la red de cercanías del Estado, redactar el proyecto del tren de la costa entre Dénia y Gandia para acelerar su ejecución, terminar la conexión pendiente de la A-7 entre el aeropuerto de Castelló y l’Hospitalet, acelerar los trabajos de ejecución de todos los tramos del Corredor Mediterráneo y fomentar el transporte colectivo, proporcionando una financiación al transporte metropolitano de todo el Estado que sea transparente, justa y proporcional.
El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga". Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.
Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años.
No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.
En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.
La principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras. "Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", señala el texto.
El Gobierno también aclara que el sistema podría ser "escalable y progresivo", es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.
