Ni uno, ni dos, ni tres. En España se producen todos los años 15 trasvases de agua, algunos desde finales de los años 60, cuando el Ebro comenzó a llevar agua a Bilbao, tanto para abastecimiento de la población como de su industria. Un ciudad que vive pegada al mar, pero donde a nadie se la ha ocurrido nunca plantear la posibilidad de construir desaladoras, y eso que en Bilbao, les aseguro, llueve con generosidad. En total, el Gobierno mueve, como en su día lo hizo el de Mariano Rajoy, antes el de Rodríguez Zapatero y antes el de José María Aznar, todos los años, unos 600 hm3 de agua entre diferentes ríos y cuencas, a los que se suman los 7.000 hm3 que el Tajo entrega a la vecina Portugal, el triple de lo establecido en el acuerdo de Albuferia para salvaguardar los ríos compartidos. Ninguno de los trasvases se ha cuestionado nunca, y solo aparece ahora amenazado el Tajo-Segura, el de más entidad, siempre preso de las presiones políticas de Castilla-La Mancha y de Madrid, que históricamente han querido patrimonializar los recursos del Tajo para garantizar su desarrollo urbanístico y agrícola.
¿Lo entienden? Pues, además, hay un decimosexto trasvase. Vaya, curioso, el Júcar-Vinalopó, en la Comunidad Valenciana, que costó la friolera de 400 millones de euros de fondos públicos, que se diseñó para enviar 80 hm³, reducido después a 30 hm³, del que expulsaron a Benidorm y que ha acabado en chantaje, porque el Gobierno se niega a activarlo si los agricultores no se comprometen a pagar 200 millones de euros para amortizar la inversión. Mañana lunes, tras la exhibición de fuerza de los agricultores del pasado fin de semana (600 tractores en las carreteras de la provincia no son pocos), regantes, empresarios y, esperemos, algún cargo público alicantino -la consellera ilicitana, Mireia Mollá, no faltará -se concentrarán frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay restricciones, huele a boicot, pero lo menos que podría hacer la vicepresidenta Teresa Ribera sería recibirles y escucharles. A estas alturas todos sabemos que la excusa de las restricciones solo se aplica cuando interesa.
Aunque se ha analizado mucho, cada día resulta más complicado entender la posición de un Gobierno, que escudado en unas previsiones que nadie puede certificar desde el punto de vista técnico y climatológico, insiste en que la única solución para garantizar el futuro de la provincia es consumir agua desalada y mejorar los tratamientos del agua residual. Sí, ese caudal que acaba en las depuradoras tras tirar de la cadena, y que alguna mente preclara de las que ha pasado por el Ministerio encargado de la gestión hídrica llegó a insinuar que se podría hasta beber con un buen tratamiento.
Por supuesto que en una tierra como la nuestra hay que ahorrar y aprovechar al máximo el agua y, por supuesto, que el recurso de la desalación es un buen complemento, pero no a costa de restar 200 hm³ para dejarlos en otras autonomías dedicados, en parte, a mantener lagos artificiales en los que potenciar el turismo, como sucede también en los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía. Presas diseñadas para regular el Tajo-Segura y donde en verano fondean pequeñas embarcaciones deportivas. ¿Demagogia? Por supuesto que sí. La misma que se utiliza cuando de Villena para arriba acusan a Alicante de querer el agua del Tajo parar regar los campos de golf y levantar urbanizaciones.
Con el trasvase amenazado, las pocas ganas que tiene el Gobierno de afrontar la reordenación de los recursos del Tajo y del Duero, y con el Ebro siendo un río tabú para populares y socialistas, la única alternativa que ofrece el Ejecutivo para paliar la falta de agua en Alicante sigue siendo, por mucho «pull» de recursos que nos vendan, la desalación. Y aunque no guste, aquí las culpas hay que repartirlas. La propia exministra popular García-Tejerina, predecesora de la socialista Teresa Ribera, también elevó al máximo las teorías de Cristina Narbona sobre el agua desalada y, sobre todo, la famosa cláusula que introdujeron los socialistas cuando en la derogación de la parte del Plan Hidrológico Nacional, dejaron negro sobre blanco que los aportes del río Tajo se reducirían a medida que se fuera inyectando al sistema el agua desalada. El PP, que tanto criticó y aprovechó la tristemente célebre cláusula, la aplicó también a rajatabla con el silencio cómplice, entonces, de muchos regantes, los mismos que en su día estuvieron a punto de hacerle «vudú» a Narbona.
Los expertos no se cansan de apuntar que la solución pasa por el agua residual regenerada, los pozos, la desalación y, sorpresa, también los trasvases, con la famosa interconexión de las cuencas de la que en España se viene hablando desde la República, pero que ningún gobernante se ha atrevido a llevar adelante. La provincia de Alicante necesita como mínimo 900 hm³ al año para funcionar en todos los órdenes, y de sus recursos propios, incluido el agua desalada, solo se dispone de unos 650 hm3. Por lo tanto, unos 250 hm³ tienen que llegar de los trasvases, ahora mismo de un Tajo amenazado de muerte y de un Júcar-Vinalopó cerrado.
Una obra de ingeniería civil en la que se han enterrado 400 millones de euros al construir una canalización por la que no circula agua, y la que se pretende transportar no reúne condiciones de calidad para el abastecimiento y cuyo precio, además, resulta imposible de pagar por sus costes de transporte. Un proyecto que, para colmo, se ejecutó mal como lo demuestra el embalse regulador de San Diego (Villena), que costó 20 millones de euros y no puede almacenar caudales por sus filtraciones. Para nota.
Narbona y Zapatero dinamitaron el proyecto en 2005 pero ministros como Cañete, Tejerina y el presidente Mariano Rajoy ayudaron a su entierro durante los años en los que el PP gobernó con mayoría absoluta y no fue capaz de reconducir el proyecto llevándolo a donde arrancó cuando gobernaba su compañero Aznar.
Pero como el agua sigue saliendo del grifo, nadie se ha parado a pensar qué provincia de Alicante vamos a dejar a nuestros herederos. En menos de cien años, el agua subterránea que se extraía a pocos metros de la superficie, estará a 500 de profundidad y cada vez con peor calidad, el Júcar-Vinalopó agoniza sin arrancar y el Tajo-Segura se enfrenta a un recorte de unos 200 hm³ anuales si como tiene decidido la vicepresidenta Teresa Ribera se modifican las reglas de explotación y aumentan los caudales ecológicos.
En España nunca se ha abordado el problema de la falta de agua con criterios climáticos. Es inconcebible, por ejemplo, que el Gobierno entregue todos los años a Portugal un caudal de 7.000 hm³, y hasta 9.000 hm3 del Tajo, cuando por el convenio de la Albufeira solo está obligado a 2.700 hm³. En el Tajo hay agua de sobra en su curso medio, la Sierra de Gredos, pero hay que reordenarla. Mil veces se ha intentado explicar el problema a la cerril Ribera. Mañana lunes tendrá a los agricultores, frente al despacho pero sin poder bajar de los coches (sic). Esperamos el guiño, y algo más porque la provincia se la juega por mucho que a ella todo le parece ruido injustificado. ¿Se volverá a retratar? El viernes su agenda la situaba mañana en un acto en Toledo en un acto sobre el hidrógeno verde. Sarcástico.
